La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa desarrolló esta semana una jornada de consultas con La Confederación de Jubilados de la República, sobre el texto de un proyecto de ley que pretende ampliar los beneficios que reciben los jubilados, así como las personas tercera edad y establece un tope a los préstamos que pueden solicitar quienes formen parte de este grupo.
El proyecto de ley, iniciativa de Elías Castillo, pretende fijar un tope o porcentaje del total de la pensión que puede ser sujeto de embargo o sobre la cual se pueden hacer préstamos, ya sean personales o hipotecarios.
A través de la propuesta, se dispone que estas pensiones no podrán cederse, compensarse, gravarse, ni son susceptibles de embargo, no obstante, podrá afectarse hasta la mitad, por concepto de pensiones alimenticias o hasta un 40% por préstamos hipotecarios o personales.
Castillo dijo que la intención de esto es evitar que las personas que forman parte de este grupo, se vean acorralados por empresas que ofrecen préstamos que luego mantienen embargadas, por años, las pensiones de los jubilados y pensionados.
Este proyecto también tiene entre sus objetivos, incrementar los ingresos del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN) que fue creado con la intención de reunir los recursos para el financiamiento de aumentos de pensiones o el pago de bonificaciones a este grupo.
Para incrementar los recursos del FEJUPEN, se añaden como ingresos, las recuperaciones hechas por la Dirección de Recuperción Patrimonial (DRP), producto de la jurisdicción de cuentas.
También se le añaden las incautaciones o decomisos de la Dirección General de Aduanas en concepto de defraudación fiscal, así como la aportación del 1% de las ganancias netas anuales de los casinos y el 1% de las ganancias netas anuales de las operaciones financieras que generen las ventas de las áreas revertidas.
Propone el proyecto que también se sume al FEJUPEN, la aportación del 1% de las ganancias netas anuales de las empresas dedidacas a la importación de petróleo que funciona en el territorio nacional.
Se dispone en la propuesta de Castillo, el descuento del 25% en los primeros B/.50 de facturación de la energía eléctrica, igualmente para el caso de la cuenta telefónica el 25%, mientras que en el caso del agua, el descuento será del 25% en los primeros B/.10.
Para acogerse a los mencionados descuentos, las cuentas deben estar a nombre de la persona que cumpla con los requisitos de edad señalados, la tarifa debe ser residencial y tiene que ser en la residencia de éste, mientras que en el caso de la telefónica, el descuento sólo aplicará para llamadas locales.
Por medio del proyecto, se establece que todos los panameños y panameñas, así como los extranjeros, mayores de 57 años en el caso de las mujeres y 62 años los varones, gozarán de los beneficios otorgados por medio de esta norma.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
