La Dirección Nacional contra la Corrupción advirtió ayer a los funcionarios de jerarquía en el gobierno que todas las contrataciones que haga el Estado deben ir a licitación pública, salvo las excepciones que la ley establece para que las mismas se hagan por solicitud de precios.
Una nota que lleva la firma del director Nacional contra la Corrupción, Herbert Young Rodríguez, señala que "los funcionarios se encuentran obligados a celebrar licitaciones públicas o solicitudes de precios, según corresponde, salvo que existan justificados motivos de hecho que fundamenten la aplicación del procedimiento de contratación directa".
"En virtud de lo anterior, exhortamos a todas las dependencias del Estado a que inicien los trámites de licitación pública o solicitud de precios e impriman de la mayor transparencia y publicidad los actos que emanen de su despacho, para los efectos de la contratación pública", sostiene.
Herbert Young indica que está seguro de que el Ministerio de Economía y Finanzas mantendrá este criterio al momento de decidir sobre la autorización de contrataciones directas, que le sometan las distintas oficinas públicas.
El funcionario destaca que esta medida se toma en "aras de la transparencia en las contrataciones públicas" y recuerda que la compra directa es un mecanismo excepcional en este tipo de operaciones.
Expresa que el artículo 15 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995 dispone que la ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado y la venta o arrendamiento de bienes estatales, salvo las excepciones legales, deben ir a licitación pública.
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