Las autoridades analizarán la situación de los desplazados colombianos en territorio panameño con el fin de legalizar su status, para lo cual se tomará muy en cuenta sus vínculos familiares con pobladores panameños, dijo ayer un alto funcionario de la ACNUR.
"Se estudiará caso por caso y el criterio que va a prevalecer será el vínculo familiar"", afirmó en una entrevista el director de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Panamá, Gonzalo Vargas Llosa.
De acuerdo a un censo realizado recientemente, unos 838 colombianos viven en la provincia de Darién, en la frontera con Colombia, y el mayor número se encuentra en el poblado de Jaqué.
Estos colombianos que llegaron huyendo del conflicto armado en su país, están bajo una condición de protección temporal y tienen restricciones para trabajar y movilizarse.
Por ello, y ante pedidos de organismos como ACNUR, se estudiará la situación de ese grupo de colombianos, en el que se estima que el 70% son niños y mujeres.
Algunos de los desplazados han conformado familias con panameñas e incluso tienen hijos. Existe una integración entre los colombianos y los panameños en esa zona limítrofe, de acuerdo a Vargas Llosa.
En medio de todo esto no se tiene previsto hacer nuevas repatriaciones, agregó.
Alrededor de 111 colombianos regresaron voluntariamente entre noviembre y febrero a la localidad de Juradó, en una operación coordinada por las autoridades de Panamá y Colombia, con la vigilancia de la ACNUR.
Antes de esas repatriaciones hubo denuncias de organismos de derechos humanos en cuanto a que Panamá devolvió contra su voluntad a casi un centenar de colombianos.
Gonzalo Vargas Llosa dijo que la situación de los colombianos en Darién es actualmente estable y que se están dando progresos en el camino por legalizarlos.
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