Un anteproyecto de ley que prohíbe terminantemente a los particulares portar armas de fuego, aun con permiso, fue presentado en la Asamblea Nacional.
La iniciativa expuesta por el diputado Nelson Jackson Palma, sólo permite llevar armas en público a las unidades de la Policía Nacional (PN) y a los miembros del Servicio de Protección Institucional (SPI) en servicio.
En ese sentido, las armas decomisadas con permisos vigentes serían enviadas a las gobernaciones para su respectiva sanción de B/ 5 mil. Los particulares que porten armas sin permiso, serían multados con B/ 10 mil.
Conforme a la sustentación del diputado, en el país existen aproximadamente 140 mil armas en poder de los civiles. De estas, algunas han perdido su vigencia como legales.
La ley, según Jackson Palma, será una herramienta que contribuirá a romper con la llamada cultura de la violencia, y fomentará en la sociedad panameña la convicción de que el uso de armas de fuego, no es la manera apropiada de resolver los conflictos.
De aprobarse esta normativa, se daría un plazo de seis meses a los civiles para que devuelvan a las autoridades correspondientes el arma registrada, tenga permiso vigente o vencido.
Aclara que no habrá sanciones sino una recompensa económica.
Vicente Archibold, miembro del Servicio de Paz y Justicia de Panamá (SERJAP), precisó que de haber 140 mil armas legales es posible que las armas ilegales igualen o superen la cifra.
