Las autoridades locales podrán detener proyectos de construcción si detectan que se están violentando las normas ambientales vigentes.
Esto podrá ocurrir, si se acogen las nuevas propuestas que sectores ligados a la defensa del ambiente presentarán para al proceso de modificación del nuevo Reglamento de las Evaluaciones de Estudio de Impacto Ambiental.
Ayer, miembros de la Cámara Panameña de Fuerzas Consultoras Ambientales y miembros de la Comisión de Ambiente la Asamblea Nacional se reunieron para discutir las reformas a este reglamento.
De acuerdo con el presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Milcíades Concepción, lo que se busca es viabilizar los proyectos de desarrollo en el país a través de los estudios de impacto ambiental, pero protegiendo el ambiente.
Sostuvo que se quiere incorporar a la participación ciudadana para que denuncien a través de las autoridades locales y estas puedan detener los delitos ambientales que se pudiesen estar cometiendo.
"De esta manera, en cada uno de los corregimientos del país las autoridades locales pueden detener cualquier delito ambiental para permitir posteriormente que las autoridades competentes como la ANAM y las fiscalías ambientales procesen penalmente a los delincuentes ambientales", precisó Concepción.
El parlamentario recordó que ya se ha tipificado el delito ambiental y hay cárcel y multas multimillonarias a nivel penal para los que incumplan las normas ambientales.
La Unidad de Cambio Climático y Desertificación contactó inicialmente a 12 universidades del país para formar un grupo de trabajo de investigación para el cambio climático, representado por la Universidad de Panamá, Universidad Santa María la Antigua, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad del Istmo, Universidad Panamericana, Universidad de Louisville, Universidad Latina de Panamá, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.
