Panamá podría experimentar próximamente una mejoría notable en el manejo de los procesos judiciales administrativos, luego que se logre ejecutar un programa de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) que busca fortalecer el sistema de administración de justicia.
Se trata de un proyecto que tiene la intención de mejorar las garantías de los derechos humanos y libertades fundamentales ante el sistema de justicia, incrementando la capacidad del sistema judicial para dar una respuesta efectiva a la ciudadanía, especialmente a las víctimas de violencia doméstica, maltrato y abusos sexuales a los menores infractores, señaló Paloma Morazo, oficial de programas de la agencia española.
Explica que este programa arrancó con un proyecto de actualización de los procesos judiciales administrativos, que ha ido propiciando nuevos proyectos en otros sectores como son el de mejora de la seguridad ciudadana y de la calidad de la atención a las víctimas de delito en Panamá, donde se trabaja conjuntamente con la Policía Nacional y la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Además, se ha incorporado el tema de la justicia administrativa, pues hay la intención de comenzar a trabajar con la Procuraduría de la Administración en materia de corregidores, con el MINJUNFA, dándole un apoyo al Instituto de Estudios Multidisciplinarios y se estudia la posibilidad de intervenir en le sector salud.
Este programa incluye entre sus componentes el diseño de una estrategia consensuada para la agilización de los procesos judiciales y administrativos, actualización de jueces, magistrados, fiscales y defensores de oficio en materia de justicia penal para adolescentes, la elaboración de un modulo instruccional sobre justicia penal para adolescentes, la puesta en marcha de sistema de reparto de los casos y un registro único de entrada para las jurisdicciones de familia, niñez y adolescencia.
Para este último proceso, los jueces tendrán que llegar a un acuerdo para ver cómo se va a realizar este reparto para lo cual se instalaría un programa informático de manera que cada vez que entre un caso, automáticamente el sistema lo repartiría y así se acortaría el tiempo en el proceso para decidir a cuál de las jurisdicciones debe ir.
En cuanto a la mejora de la seguridad ciudadana y de la calidad de la atención a las víctimas en Panamá, el proyecto establece mejorar la capacidad de actuación de la Fuerza Pública y la calidad de atención a las víctimas del delito, establecer un sistema compartido de información criminal por la PTJ y la Policía Nacional, para el análisis y tratamiento de los casos.
Esta base de datos permitirá en un momento dado tener de manera rápida, perfiles de posibles sospechosos, pues el sistema clasificaría inmediatamente perfiles de personas con características del delincuente.
La idea es también sensibilizar a jueces, fiscales y defensores de oficio, para que entiendan qué es lo que ocurre con la víctima mientras se disputan los casos y que respondan a su deber.
En lo que respecta a la justicia administrativa, específicamente de los corregidores, se ha podido detectar que existen errores en los procesos por parte de estos funcionarios.
Además, estos funcionarios tienen a nivel nacional una permanencia media en sus puestos de seis meses, lo que afecta el desempeño de la justicia que imparten estas autoridades.
Uno de los grandes problemas que se encuentran es la extralimitación de funciones en que incurren, por lo que se elaborará un manual que le dice al funcionario qué es lo que puede hacer como corregidor y qué es lo que no puede hacer y cómo actuar en determinados casos.
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