Bush asistió a una recepción en un hotel del centro de Washington, en la que miembros del Partido Republicano compartieron con el mandatario en una cena en la que se sirvieron hamburguesas, salchichas y nachos (tortillas mexicanas fritas) a un costo de 2,000 dólares el cubierto.
La recaudación de la cena podría superar los cinco millones de dólares, un buen mordisco hacia los 170 a 200 millones de dólares que busca la campaña de Bush para los comicios del 2004.
Esa cifra casi duplicaría el récord anterior de 100 millones de dólares, alcanzado por la campaña de Bush en el 2000.
El Partido Republicano de Bush cuenta con simpatizantes más ricos que el Partido Demócrata, que se beneficia más a menudo de fuertes contribuciones no reguladas y que ahora son ilegales según una nueva ley de campañas políticas, que está sujeta a una apelación en una Corte.
Este es el primer acto de recaudación de fondos para el presidente, quien tiene un verano (boreal) muy ocupado con actividades de su partido, además de las propias de su cargo.
La popularidad de Bush ha alcanzado niveles muy altos, basados en su respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero que enfrenta interrogantes sobre la marcha de la economía y la falta de pruebas de las armas de exterminio que presuntamente tenía Irak.
A pesar de que ANAM alega no conocer nada de la extracción de madera en Aruza, en octubre del año pasado el Congreso General de Tierras Colectivas Emberá y Wounaan solicitó al director de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ricardo Anguizola, la suspensión de la extracción de madera en la comunidad .
"Las autoridades nos dicen que no hay concesiones , sin embargo, se venden por unos reales para otorgar permisos", denunció Ismare.
"Nuestros niños no conocerán los bosques si se sigue sacando madera de esa forma ", denunció, por su parte, Luis Plean Membache.
Alirio, otro indígena, denunció que no pudo enviar este año a su hijo a la escuela a Panamá porque un tractor le destruyó todo su sembradío de ñame con el que pretendía ganar dos mil balboas para sufragar los gastos escolares.
Según los pobladores, desde 1970 hasta la fecha en Aruza han entrado nueve empresarios a extraer madera: Pablo Díaz, Santiago Quintana, Alcibiades De La Rosa, Jorge Diares, Geovanni De La Rosa, Cristóbal Mon, Emiliano Bristán, Germán Espinosa y Liewi Mon. En Nuevo Vigía la situación es un poco diferente que en Aruza. Aquí tienen un permiso comunitario y lo negociaron con la empresa Maderas Nuevo Vigía a cambio de la construcción de cien viviendas.
Jerónimo Salazar, dirigente de la comunidad, departía un almuerzo con arroz, tajadas fritas y jamonilla en su choza, cuando manifestó que ellos aceptan que saquen la madera de sus bosques a cambio de obras porque la "necesidad nos obliga a hacerlo".
"La necesidad nos obliga a hacerlo aunque sabemos que no ganamos mucho", señaló el dirigente de la comunidad emberá de 80 familias .
Reconoció que a través de esos permisos comunitarios se malgastan sus recursos naturales, pero reiteró que tienen que hacerlo por necesidad debido a que el Gobierno no les "da nada".
"Si el Gobierno viniera a ayudarnos no tendríamos que negociar nuestra madera", aseguró el indígena .”Pedimos ayuda al legislador del circuito Sergio Tócamo, para reconstruir las viviendas, pero sólo envío 18 hojas de zinc”.
La empresa paga nueve centésimos por cada pie cúbico de madera extraído, de los cuales siete son para la comunidad y dos para los dirigentes del Congreso General Indígena, según explicó Salazar. Rattán Singh, abogado y financista de origen indostán, es el intermediario de la empresa Maderas de Nuevo Vigía, que extrae madera de esa población.
Singh confirmó que por la extracción de 200 mil pie cúbicos de madera este año, la empresa pagó B/. 10 mil a los indígenas, dinero que debe ser utilizado por los dirigentes para construir las cien viviendas en esa población. El dinero es depositado en una cuenta del Banco Nacional de Panamá.
Precisó que queda pendiente un saldo de B/.3 mil, de los cuales hay que restar algunos adelantos de dinero que pidieron los indígenas durante la ejecución del proyecto.
También dijo que a petición de las autoridades se ha retenido la suma de dos centésuimos por cada pie cúbico de madera extraída para garantizar el programa de reforestación en el sector.
Destacó que debido a las irregularidades del pasado, ahora se ha convenido que madera sacada madera pagada en efectivo a los indígenas para que ellos se encarguen de realizar las obras sociales con esos recursos.
Indicó que el contrato por tres años con la comunidad de Nuevo Vigía incluye la extracción de dos millones de pies cúbicos de madera.
De acuerdo con el intermediario como el permiso comenzó a funcionar tarde, en marzo, no pudieron obtener los 800 mil pies cúbicos de madera estimados para este verano, por lo que la empresa casi no ha obtenido ganancias este año.
Singh manifestó que tratará de cambiar la mala imagen que tienen los madereros del lugar que no cumplen lo que prometen a los indígenas.
Negó que los madereros extraigan más madera de la pactada ya que los propios indígenas tienen sus medidores especializados y la empresa los suyos.
Aquí hay una concesión para extraer 3 millones de pie cúbicos de madera: Le prometieron a la comunidad un desembolso de 5 mil balboas para reparar la carretera y la construcción de 100 viviendas.
La madera extraída de esta comunidad se encuentra en la entrada de Peñita en Canclón, pero las obras no se ven, dijo un morador de la comunidad.
Aquí la población vive en la pobreza y la desnutrición afecta seriamente a los niños, aseguró la maestra del pueblo.
Presuntamente el concesionario de la madera en este poblado es el señor Juan Varela, un empresario que vive en Tortí, dijeron residentes de la comunidad.
En otra comunidad indígena, en Bajo Chiquito, a orillas del Chucunaque, se repite el mismo drama de los otros pueblos, la madera ya ha sido extraída y hay quejas de la comunidad de que las obras sociales no se han realizado.
En esta comunidad el señor Juan Varela tiene la concesión para extraer la madera. La comunidad espera el pago de B/.10 mil para construir las obras sociales.
El Panamá América visitó la residencia de Juan Varela en Tortí, pero su esposa dijo que estaba en Panamá. También se dejaron varios mensajes en el celular, pero no respondió.
La ANAM, a través del Ing. Gutiérrez, confirmó que el año pasado la comunidad de Bajo Chiquito fue multada con B/.5 mil por no cumplir con el programa de reforestación.
Explicó que en los permisos comunitarios la responsabilidad de la reforestación recae en la comunidad porque a los intermediarios no se les incluye en esas tareas dentro de los contratos que se firman.
La comunidad de Tortuga tiene permiso comunitario y allí extrae madera la empresa Selloro S.A.; y en el poblado de Puente la empresa del señor Julio León Solís tiene otro contrato, según informo William Barrigon, administrador General del Congreso de la Comarca Emberá.
En Nuevo Vigía el contrato es con la empresa Madera Nuevo Vigía, cuyo representante legal es Rattán Singh, agregó.
Informó que en Villa Caleta se tramitó un permiso comunitario, pero éste no salió a tiempo para extraer madera en el pasado verano. La ANAM sostiene que los indígenas no han aprovechado el sentido de lo que se buscaba con los permisos comunitarios porque solo han pensado” en el dinero”.
El Ing. Raúl Gutiérrez, lamentó que los aborígenes no hayan aprovechado el objetivo de esas autorizaciones, que era que ellos se inmiscuyerán en el aprovechamiento forestal de sus bosques.
"Pero estos indígenas qué es lo quieren.. quieren recibir dinero de manera cómoda y contratan una empresa para que extraigan la madera", lamentó Gutiérrez.
Otro problema es que los indígenas no son buenos en gestión comunitaria y no saben administrar el dinero, dijo.
Señaló que la ANAM ha planteado a los indígenas que vendan la madera con valor agregado, en bloques, tablas, aserradas para que ganen más, pero que sean ellos los que la trabajen.
"Ellos no quieren trabajar lamentablemente, quieren trabajar arriba del tractor", sostuvo Gutiérrez. Por otro lado, el Ing. Forestal Dimas Arcia manifestó que es posible acercar los permisos comunitarios a la realidad, siempre y cuando la autoridad defina una política concreta y clara sobre un programa de bosques comunitarios en la región.
Denunció que los permisos comunitarios como están concebidos, tienen sus contradicciones porque aunque las comunidades se pueden adaptar a los bosques, no están preparadas forestalmente para manejarlos.
Manifestó que está situación complica la supervisión y control de la ANAM, permitiendo irregularidades durante el proceso porque no se logra ni la sostenibilidad del bosque ni el desarrollo de las comunidades.
