Sucede que el delito de enriquecimiento ilícito es el que según una auditoría de la Alianza Ciudadana Pro Justicia consultada por El Panamá América, queda "reiteradamente en la impunidad".
Después de la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, se iniciaron una serie de sumarias al respecto, pero la mayoría, dice el documento, "por razones desconocidas prescribieron en los despachos de los jueces".
Sin embargo, resultó imposible para la Alianza Ciudadana a cargo de Magaly Castillo, así como para este medio, conocer ese "pequeño porcentaje" que recibió condena judicial. No hay estadísticas que lo revelen.
Lo cierto es que la corrupción camina de la mano de la impunidad por las calles y avenidas de nuestro país y el nuevo presidente, Martín Torrijos, aseguró en su discurso de toma de posesión que irá de frente "contra los corruptos". Torrijos fue enérgico. Sus palabras fueron directas.
"Chocaremos con poderosas fuerzas y grupos de interés que hasta ahora han sido intocables".
Pero, ¿qué significado tienen estas palabras?. Magaly Castillo lo interpreta como un mensaje para todos los servidores públicos, incluido el propio Torrijos, "a quienes les ha dicho que ellos están en la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos". Sin duda que la corrupción deja ese sabor de desconfianza en la ciudadanía. ¿En quién creer si las propias autoridades son cómplices del delito?
En ese sentido, el Centro para la Integridad Pública (The Center for Public Integrity), por su nombre en inglés, ubicado en Washington, Estados Unidos, presentó recientemente los resultados de un estudio efectuado en 25 países alrededor del mundo para medir los intentos por combatir la corrupción.
Una vez más Panamá no salió bien librado. Su calificación es "débil", según el Indice de Integridad Publica.
Se trata de una medición a través de un índice para evaluar las instituciones y las prácticas que los ciudadanos pueden usar para hacer que sus gobiernos rindan cuenta ante el interés público.
No obstante, en el informe mostrado por Magaly Castillo de la Alianza Ciudadana Pro Justicia a El Panamá América, se señala que el IIP "no mide corrupción en sí misma".
Y es que son en esencia tres los puntos que se someten a consideración:
La existencia de mecanismos, incluyendo leyes e instituciones, que promuevan la rendición de cuentas públicas y limiten la corrupción.
La efectividad de estos mecanismos.
El acceso que los ciudadanos tienen a información pública que permita la rendición de cuentas por parte de sus gobiernos.
El Índice de Integridad Pública agrupa a los países en cinco niveles: muy fuerte (puntaje del índice: 90 a 100), fuerte (80 a $<90); moderado(70 a $<80); débil (60 a $<70) y muy débil (0 a $<60), en base a sus sistemas de integridad pública.
Ningún país clasificó en el nivel de muy fuerte en esta muestra de 25 países, seleccionados en base a su diversidad geográfica y económica. Junto a Panamá figuran países como India, Indonesia, Kenia, Nicaragua, Namibia, Rusia, entre otros.Los compromisos de Martín Torrijos:
Cárcel para los corruptos.
Llevar ante la justicia a quienes han atentado contra el erario.
Auditar todas las instituciones y programas gubernamentales.
Implementar la ley de la Carrera Administrativa.
Hacer público un informe sobre el uso de la partida secreta.
Fortalecer las fiscalías anti Corrupción.
Presentar en los próximos dos meses un plan integral de ajuste fiscal.
Evitar los sobornos disimulados, las coimas y el cobro o pago a funcionarios por favores a cambio.
Realizar un referéndum para el tema del Canal.
Los medios de comunicación conservarán su libertad.
