El Gobierno está violando el acuerdo que firmó con los dirigentes de la comarca Ngäbe- Buglé, con respecto a la hidroeléctrica de Barro Blanco, aseguró la cacica Silvia Carrera.
El 10 de agosto de 2015, el propio mandatario y la líder indígena pactaron un convenio que lleva la firma de ambos. En dicho documento, la administración Varela prometió no llenar el embalse.
No obstante, Genisa, la empresa a la que el entonces mandatario Martín Torrijos le otorgó la concesión, comenzó un proceso de llenado de la polémica represa.
Según el punto cinco del pacto en mención, "El Gobierno Nacional se compromete a no inundar el embalse ni iniciar operaciones del proyecto Barro Blanco hasta tanto no se haya alcanzado un acuerdo final entre las partes en conflicto"...
Desde el punto de vista de la cacica Carrera, se trata de una traición que busca acabar con los recursos ambientales de la región.
"Se está violando el acuerdo en su totalidad; el Gobierno tiene todo el interés de robar nuestros recursos tal como lo hicieron los españoles", expresó Carrera.
Aparte de la ruptura del arreglo, Carrera reclamó que tampoco les consultaron para hacer el llenado.
A juicio de Alvin Weeden, apoderado legal de la cacica, las autoridades debieron consultar y lograr otro diálogo para poder iniciar la inundación del dique de concreto.
"Es lamentable que un acuerdo firmado por el excelentísimo presidente sea desconocido por autoridades inferiores, particularmente de la Autoridad de los Servicios Públicos (Asep)", apuntó el jurista.
A las denuncias de Carrera, el administrador de la Asep, Roberto Meana respondió que el llenado es momentáneo y para probar el equipo.
"Es de carácter paulatino para probar que la presa y que sus equipos están funcionando. Todas las veces que nos sentamos con la comunidad, les comunicamos que se iba a hacer una prueba, esto no salió de la noche a la mañana", aseguró el funcionario.
Meana también manifestó que posee pruebas documentadas de que el pueblo ngäbe está anuente del llenado de Barro Blanco.
Pero Weeden ripostó que no hay excusas frente a este hecho, ya que el llenado significa el inicio de operaciones de la hidroeléctrica; tema que no ha sido consultado a los Ngäbes.
"Es un acto ilegal y para poder hacer pruebas, debieron haber pactado sobre el primer acuerdo y, en todo caso, consultar a la cacica para poder modificarlo", añadió esta fuente.
Por último, Carrera expresó que el Gobierno negocia con otros dirigentes indígenas que no fueron electos mediante el voto popular.
