La Comisión de Abogados que evaluó el tema de la cadena perpetua dejó claro que no existe una norma constitucional ni legal que impida su aplicación en Panamá.
Ayer, el grupo de juristas entregó sus recomendaciones al presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, Héctor Aparicio, en las que proponen aumentar las penas y redefinir el delito de homicidio, calificándolo en doloso simple, con prisión de 30 años, y doloso agravado, con 60 años de cárcel.
De igual forma, incluyeron la figura de asesinato, para la cual se estableció 70 años de prisión sin rebaja de penas.
También proponen que la pena máxima para los adolescentes que cometan asesinatos sea la mitad de la pena mayor que se establezca para los adultos.
De aprobarse, la pena máxima para los menores asesinos pasaría de 12 años, que es lo que se establece en la legislación vigente, a 35 años.
Los integrantes de esta agrupación indicaron que el Sistema Penitenciario panameño no está en estos momentos en condiciones de asumir la cadena perpetua, puesto que para ello necesitaría una reforma procesal.
“No queremos que un inocente pague por un error del sistema, muchos años de prisión”, expresó José Acevedo, presidente de la comisión.
Los abogados sostuvieron que el informe se basó en un estudio científico bajo parámetros de consultas públicas y análisis penal.