Un grupo representativo de por lo menos 50 caídos en los actos del 9 de enero de 1964, exigió al gobierno central que revise la ley que los indemniza para que se les mejore la pensión de B/.100 mensuales, que como héroes nacionales se les otorgó a partir de 1965.
Según Francisco Rodríguez, uno de los protagonistas de este hecho, manifestó que es necesario que se revise la ley, ya que a algunos de sus compañeros les eliminaron la pensión a sus hijos, quienes eran los beneficiados con este emolumento.
"Estamos en situaciones bastantes precarias, porque hay heridos que no pueden salir de sus casas, por lo que creemos que deberían ser más justos con los caídos", dijo Rodríguez.
Enfatizó, que el actual gobierno que encabeza el presidente Ernesto Pérez Balladares no ha respondido a los intereses patrióticos, sino a los procesos económicos que actualmente gestionan los gobiernos regionales.
También afirmó que es necesario que se revise el monto de las pensiones, ya que existen quienes su pago es de tan sólo B/. 30 mensuales.
Fue enfático al decir que no le exigirán ningún bien revertido al gobierno, pero acotó que por consideración el gobierno de Pérez Balladares o el que asumirá el 1 de septiembre, el de Mireya Moscoso, debería otorgarle algún beneficio como mérito a su histórico papel.
Por otro lado, relató que en aquel día, cuando era estudiante de la Escuela Náutica de Panamá, fue alcanzado por una bala en la pierna, que provenía de un arma de los agentes norteamericanos, que le dejó paralítico de por vida.
En cuanto a la reversión del Canal, los representantes de los caídos del 9 de enero coincidieron en que este hecho no pudo realizarse sin el aporte de los estudiantes que en aquella época lucharon por defender la soberanía y la bandera de Panamá.
Según Rodríguez es necesario que las futuras generaciones mantengan la lucha generacional gestada aquel 9 de enero, ya que la soberanía territorial que se logrará el 31 de diciembre será una muestra del valor y la lucha de varias generaciones.
