Luego de evaluar la propuesta de simplificación tributaria presentada por el gobierno, la Cámara de Comercio de Panamá rechazó su aplicación y consideró "inoportuno" aplicar una reforma al sistema tributario que promueva la creación de nuevos impuestos o la ampliación de la base aplicable de otros.
De acuerdo con el informe elaborado por la Cámara de Comercio, bajo la presidencia de Manuel José Paredes y remitido a las autoridades del gobierno, en estos momentos sería más prudente establecer mecanismos orientados hacia la reactivación económica y aplicar una estrategia de modernización integral del sistema, que haga más efectiva la recaudación tributaria reduciendo los niveles de evasión.
Sostiene que la estructura de gastos del Estado para el 2001 continúa presentando el esquema tradicional de priorizar el gasto corriente sobre el de inversión, ya que se destinan B/.3,098.7 millones para gastos del gobierno central, o sea B/.266.6 millones más que lo aprobado el año pasado.
Detalla que de esa cantidad el 65.7%, equivalente a B/.2,527.6 millones, será destinado a gastos corrientes, mientras que el 34.32%, o sea B/.616.1 millones, a inversiones.
La información indica que apenas se hace mención del sacrificio estatal, así como del uso de las nuevas recaudaciones. No existe claridad en el destino de los nuevos recursos, ni si se mantendrá la actual estructura de gasto público, que da prioridad al servicio de la deuda y los gastos de funcionamiento, más que a la inversión pública.
El informe señala que el Estado debería establecer mecanismos para elevar la productividad del gasto público y presentar un programa completo de reducción de los mismos, acompañado de una política de total transparencia de la acción fiscal, a través de un reordenamiento de las funciones que desempeñan distintas instituciones públicas y la introducción de claros criterios que permitan mejorar la eficacia, eficiencia y calidad de la gestión de gobierno.
Advierte que si el gobierno insiste en impulsar la reforma debe presentar una propuesta formal a través de un Anteproyecto de Ley.
"Vemos con preocupación la posibilidad que el sacrificio nacional que pretende imponer la reforma, responda más al compromiso con el FMI, que a una estrategia integral de política fiscal y económica orientada a la promoción del desarrollo nacional", plantea el organismo empresarial.
Indica que no será fácil implementar una reforma tributaria fundamentada en los principios de neutralidad, equidad y simplicidad que pretende eximir del pago de impuestos a un segmento importante de la población, ampliar la base impositiva del Impuesto de Transferencia de Bienes e Inmueble y el Impuesto de Servicio de Consumo.
"No dudamos de su efecto positivo para ese grupo poblacional de aproximadamente 200 mil personas, sin embargo, se verán afectados asalariados con ingresos menores de B/.300.00; otros con ingresos mayores de B/.800.00; empleados informales y jubilados y pensionados", detalla el informe de la Cámara de Comercio.
Reitera el informe que el proceso de desaceleración se debe principalmente a la incertidumbre generada por la falta de claridad del Gobierno en materia de política económica y la pobre ejecución presupuestaria, entre otras.
Cálculos realizados por el Centro de Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT) indican que entre 1993 y 1996, sólo en recaudaciones de ITBM, la evasión fiscal promedio anual en la República de Panamá alcanzó los B/.24.1 millones, equivalentes al 41% del promedio de las recaudaciones totales de ese rubro.
"Nos preocupa el no poder contar con herramientas que, más allá de los ejercicios teóricos, nos permitan medir el impacto real de la reforma sobre la economía panameña", indica la Cámara de Comercio.
La Cámara propone que en vez de crear una exoneración impositiva como plantea el gobierno, se amplíen las deducciones a las que tienen derecho los asalariados.
También rechaza la aplicación de un Impuesto Mínimo de Renta, por lo que sugiere fortalecer el sistema actual de recaudación del Impuesto Sobre la Renta, que crear un sistema paralelo.
El gremio considera necesario mantener las actuales exenciones al ITBM, dada la situación actual de la demanda interna y planteó su preocupación por la restricción del beneficio de la exoneración al consumo de algunos alimentos, así como la idea de gravar servicios.
"Imponerle una carga tributaria obligaría al consumidor a realizar ajustes en su estructura de consumo, las cuales probablemente estarían orientadas al recorte de sus gastos", agrega el informe.
Otro de los puntos rechazados por la Cámara de Comercio son el establecimiento de un Impuesto a la Propiedad y Transferencia de Bienes Inmuebles y obligar a las empresas con incentivos a hacer declaraciones de renta y proceder al pago de sus impuestos como "si no existiese la exoneración o rebaja", aunque el Estado procederá a devolver el mismo en un plazo de tres meses.
