La Iglesia Católica reiteró su preocupación ante el estatus que la Constitución Nacional y la Ley No. 19 de 1997 otorgan a la Autoridad del Canal de Panamá, al dejarla al margen de los poderes legalmente establecidos y convertirla en un Estado dentro de otro.
La semana pasada, el arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño recordó, durante una reunión con la Comisión Interdiocesana de acompañamiento a los afectados por la Ley No. 44, que la Conferencia Episcopal expresó su preocupación a este respecto el pasado mes de enero.
Las declaraciones del monseñor, según Panorama Católico, se dieron por las críticas sobre el posible traslado de los residentes de las comunidades ubicadas en la cuenca canalera.
Sostuvo que eso significa que la CSS subsidia en parte al sector privado, porque cuando los empresarios no pagan sus cuotas, lo que hacen es coger una parte de los aportes de los trabajadores para utilizarla como un capital de trabajo.
Agregó que la Constitución es tan clara al establecer que la responsabilidad de darle salud a toda la población es del Estado y no de la CSS. "La CSS tienen que hacer su esfuerzo y parte del esfuerzo del Estado", enfatizó.
Explicó que sólo tomando la mitad de estos derechohabientes, es decir 97 mil personas, le ha costado a la CSS B/.530.6 millones, que sumados a los iniciales B/.769 millones no pagados, haría un total de B/. 1, 299 millones en los últimos 5 años.
Y la pérdida de dinero de la CSS no sólo queda allí, enfatizó Jované, pues en los programas de vivienda realizados en gobiernos pasados, la institución perdió entre B/.62 y 150 millones, lo cual si hubieran estado allí, estuvieran capitalizando.
"Si sólo tomamos la cifra de 62 millones y lo capitalizamos al valor actual, representarían 199 millones y si consideramos los 150 millones, equivaldría 481 millones", aseguró.
Hay otra cosa, recalcó Jované los gastos de representación y los servicios profesionales no están sujetos a cotización y eso le cuesta anualmente a la CSS B/.8.7 millones, cantidad similar o quizá superior que se puede estar registrando en la empresa privada. Eso representaría de B/.17.4 millones anuales y 87 millones en 5 años, destacó.
Entonces recalcó, la CSS por subsidio al Estado, por morosidad, por evasión, por haberse inventado mecanismos para no pagar la seguridad social, ha dejado de recibir mil 866.7 millones, "si nos vamos sólo 5 años más atrás se supera el déficit y queda un superávit".
Este cálculo, dijo, es la clave de lo que la institución está planteando en el diálogo por la CSS, que hay una deuda provisional, lo que significa que la sociedad, básicamente el Estado y algunos sectores de la empresa privada han abusado de la CSS. "Esta deuda es la que ha causado el déficit en la entidad".
Esto quiere decir, explicó, que no es la naturaleza solidaria de la CSS la que ha ocasionado el problema, "lo que lo ha provocado es el abuso estatal, por lo que el Estado tiene que poner una parte importante a esta solución, capitalizar a la CSS para resarcirla de todas esas pérdidas".
Aseguró que si no se logra eso, lo que se provocará es subir más la edad de jubilación de las personas, tal como algunos sectores proponen. "Por eso, mientras esta administración esté, no vamos a permitir el aumento a la edad de jubilación, ya que los usuarios no han sido los causantes del déficit".
Jované informó también que se han detectado más de 400 empresas que a estas alturas operan sin número patronal. Que sumados a los 45 mil no registrados, haría un total de por lo menos 120 mil panameños con derecho al Seguro Social que no están aportando.
Precisó que incluso operan en la Zona Libre cientos de empresas sin tener un número patronal de la CSS. "Cómo tener una clave para operar en Zona Libre sin tener número patronal, es algo que alguien nos va a tener que dar una explicación".
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