Cuando el Gobierno decidió subsidiar en 10 centésimos el precio del combustible a los transportistas a nivel nacional, en octubre del 2005, la dirigencia de la Cámara Nacional del Transporte recomendó al Ministerio de Comercio, 58 estaciones de combustible para la venta de diésel exonerado.
Al ver que las autoridades aceptaron la propuesta, los transportistas también sugirieron el volumen de galones de diésel exonerado para cada estación, tomando como referencia, supuestamente, el nivel de venta mensual.
Sin embargo, el Gobierno al cotejar esos datos descubrió que la dirigencia transportista, en algunos casos, le quiso meter "gato por liebre" al inflar el volumen de galones de diésel en algunas estaciones.
Un informe oficial indica que la medida fue solicitada el 11 de agosto de 2006 "por un sector representativo de la industria nacional del plástico".
Este sector alega que tiene pérdidas millonarias, que no han especificado, debido a la importación que desde junio de 2005 viene haciendo Productos Alimenticios Pascual S.A., del plástico para envolver galletas y caramelos.
Antes de que empezara la audiencia, la división de los grupos a favor y en contra de la medida de salvaguardia era evidente.
Cada uno analizaba las estrategias a seguir, aunque esto no impidió que José Luis Sosa, dueño de Celloprint S.A., le estrechara la mano a uno de los representantes de las empresas extranjeras, a instancias de la embajadora de Colombia en Panamá, Gina Benedetti.
Durante un receso, Juan G. Sosa, vicepresidente de Celloprint S. A., señaló que como afectados tienen el derecho de proteger la industria y la mano de obra panameña, por al menos 30 días.
En tanto, José Antonio de La Puente, abogado de la empresa peruana EMUSA, dijo que la salvaguardia solicitada es "inconsistente", ya que la empresa solo cuenta con el 16% de la producción local, y no con el 25% exigido.
De La Puente explicó que los números presentados por Celloprint han sido calculados sobre el valor de los precios, los cuales son altos, y no sobre el volumen de venta.
Sosa respondió que la empresa cuenta con el 30% de la producción nacional, es decir, 5% más de lo requerido por la OMC para tal solicitud.
Angela Huzgame, de Acoplásticos, aseguró que la salvaguardia beneficiará a un monopolio.
