Por inconstitucional, la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA) demandará hoy, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el nuevo Reglamento de Tránsito.
El dirigente transportista Hugo Polo reveló que un grupo de sus colegas se dirigirá a la CSJ para quejarse de los abusos que contienen estas nuevas normas.
"No sólo están afectando a los transportistas, sino a los particulares, y prueba de ello son las elevadas multas que colocó la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), durante carnaval", agregó.
Según Polo, estas sanciones son injustas, ya que no fueron consultadas con el sector transporte, ni mucho menos con la sociedad en general, razón por la cual decidieron optar por la demanda.
Además, explicó que durante la caravana que realizarán mañana, solicitarán al presidente de la República, Martín Torrijos, que nombre tanto al director de la ATTT, como al subdirector, ya que la institución atraviesa una etapa de inestabilidad.
Los transportistas amenazaron con tomar medidas de presión esta semana, ante las nuevas reglas de tránsito.
Ya se habían cumplido los dos días e iban en busca de la recompensa, pero los hombres decidieron abandonarla a su suerte, porque se sentían perseguidos por las autoridades policiales.
Recuerda que la metieron a un vehículo - cree que fue un pick up- con rumbo a San Miguelito.
Esto, según las conversaciones de sus plagiadores. Siempre estuvo vendada.
"Me lanzaron a un matorral, no sabía dónde estaba, el carro se había ido y yo estaba aterrada, no sabía qué hacer, sólo deseaba que alguien me encontrara", dijo.
Fue auxiliada por una persona que avisó a la Policía. La recompensa nunca se pagó, pero aún no se recupera del incidente.
Cristina Cedeño, fiscal primera superior encargada, explica que en Panamá se tiende mucho a confundir la figura de secuestro con la privación de libertad.
Cada una tiene una configuración distinta.
Una es contra la libertad individual (privación de libertad) y la otra es un delito contra el patrimonio (secuestro).
En este tipo de delito hay atenuantes y agravantes.
En la privación de libertad está la calidad de la persona y la forma como se ejecute la acción, por ejemplo, mediante engaño y amenazas que agravan la figura.
En cuanto al secuestro, media una recompensa que puede ser dinero, drogas u objetos materiales.
Inclus, ella como fiscal, ha tenido expedientes en que se ha pedido drogas y objetos materiales.
La Fiscalía Primera Superior maneja casos de secuestros y homicidios, y cuando el secuestrado pierde la vida, entra en conocimiento de la Fiscalía, tanto el delito de homicidio como el de secuestro.
Cedeño recuerda un secuestro en San Miguelito. Se trataba de un humilde repartidor de la Cervecería Nacional.
El trabajador vendía licor. Un día, cuando cobraba la mercancía en un establecimiento comercial, fue víctima de secuestro.
Pidieron por él una recompensa a la cervecería, pero mientras llegaba la persona que entregaría el dinero, lo asesinaron. En cambio, robaron la recompensa y golpearon a quien la llevaba.
Pero no siempre se pide dinero. Cedeño narra que hace algunos años, una familia fue secuestrada y los delincuentes no solicitaron dinero, sino droga.
Resultó que dos integrantes de la familia se apropiaron de un cargamento que supuestamente llegó al Aeropuerto Internacional de Tocumen.
La droga llegó, pero las dos personas la tomaron e hicieron un "tumbe".
Los otros miembros de la organización retuvieron a la familia en su propia casa hasta que le entregaron la droga.
Este caso también fue a una audiencia. Los seis sujetos fueron condenados por trafico internacional de drogas, mas no por secuestro ni homicidio.
La fiscal no recuerda casos donde la mafia china esté vinculada, pero investigadores de la PTJ dijeron que se dan por deudas de juegos.
"Los chinos secuestran hasta por deporte y puede haber casos que a veces ni nos enteramos", dijo.
El capítulo III del Código Penal, en su Artículo 188, señala que quien secuestre a una persona para obtener de ella o de otra, como precio de liberación, dinero, cosas o documentos con efecto jurídico, cualquiera que sea, a su favor o de otras personas, aunque no logre el fin propuesto, será sancionado con prisión de 5 a 7 años.
Será un agravante cuando las víctimas sean servidores públicos que tienen cierto tipo de rango dentro del engranaje gubernamental, menores de edad, ancianos, discapacitados, embarazadas, cuando hay torturas y violaciones. Las penas podrían ser hasta de 12 años.
Unos 12 casos de secuestros hubo en el 2006. A pesar que los delincuentes solicitaron recompensa, nunca fueron canceladas.
Los hebreos son los más atacados, pero nunca denuncian el hecho y deciden manejarlo con toda la discreción posible. Suelen hasta pagar la recompensa solicitada.
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