Canciller niega ser "pusilánime"

El canciller de la República, José Miguel Alemán, aclaró ayer que la decisión de negociar con los extrabajadores destituidos con la Ley 25 de 1990 para lograr un "acuerdo" fue del Consejo de Gabinete y no del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las declaraciones de Alemán surgen luego de que el expresidente Guillermo Endara en una carta pública lo calificara de pusilánime por la actitud que mantuvo durante el juicio que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, contra el Estado panameño por la destitución de 270 trabajadores públicos acusados de tratar de perpetrar un golpe de Estado.
Alemán puntualizó que el expresidente Endara está un poquito equivocado en su concepto, porque ningún ministro establece la política exterior, sino el equipo de gobierno en pleno.
"A mí si me parece que los panameños deben resolver sus problemas internamente y que me dolía como diferencias entre panameños se tenían que resolver ante jueces extranjeros", acotó Alemán.
A juicio de Alemán, los panameños deben tener la capacidad de resolver los problemas en forma interna sin injerencia externa.
El ministro señaló que respeta la posición de Endara y agregó que lo felicita por su exposición magistral ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hizo un valioso aporte al Estado.
"Endara está totalmente mal informado y equivocado sobre el proceso que ha seguido el gobierno al juicio celebrado en Costa Rica, que tiene años de estarse ventilando", planteó Alemán.
Señaló que a priori se está diciendo en los medios de comunicación que el Estado panameño será condenado cuando el proceso todavía no ha concluido.
En tanto, Luis Batista, vocero de los extrabajadores, confirmó que a más de B/.200 millones ascienden las aspiraciones económicas de los empleados que fueron despedidos en 1990 en base a la Ley 25 y su presunto vínculo con una intentona golpista.
Sin embargo, aclaró que "es para nosotros difícil establecer en la actualidad una cifra exacta, pero sí sabemos que esta cantidad sobrepasa los B/.200 millones y el Estado tendrá que buscar la manera para hacer efectivo este pago y reparar los daños en que incurrió con su acción".
Destacó que debido a que la Corte Interamericana no es un ente permanente, "estamos a la expectativa de que en la próxima sesión de mayo de este año, debido a la cantidad de datos y elementos aportados, se emita un fallo".