Rodolfo "Candelilla" Aparicio sigue en la cuerda floja por la indefinición legal de la denuncia de extorsión y corrupción de funcionarios en su contra.
La sala segunda penal de la Corte Suprema, cuyo ponente es el magistrado Alberto Cigarruista, no ha acogido aún el recurso de habeas corpus que la defensa interpusiera en el caso de extorsión y corrupción de funcionarios de la Policía Técnica Judicial en Chiriquí.
Así lo indicó el abogado que interpuso el recurso a favor de los supuestos implicados, Antonio Ríos Ruiz.
Explicó que este recurso se presentó desde el 13 de septiembre y hasta la fecha no se ha fallado, manteniendo a una de las glorias del béisbol chiricano indefenso, al igual que Erix Nieto.
Calificó que la situación como preocupante, pues los acusados han sufrido una detención que a todo juicio es ilegal, porque ni siquiera se ha comprobado el cuerpo del delito.
"Al parecer una fuente denunció a los funcionarios de la PTJ en Chiriquí por extorsión y corrupción de funcionarios, pero nunca se ha acreditado ninguna prueba que determine la comisión del delito, ni se ha comprobado la supuesta vinculación", dijo.
Aclaró que en la Corte no actúan con la misma diligencia que se les exige a los jueces de circuito, a los jueces municipales y a los magistrados del Tribunal Superior, quienes a su vez trabajan con mayor celeridad.
Indicó que a medida que en el Ministerio Público se suben los casos, mayor es la mora judicial, donde el cuello de botella viene hacer en estos momentos la Corte Suprema.
Manifestó que el Ministerio Público violentó las leyes al realizar el allanamiento en las instancias de la PTJ en David, sin decretar la orden previa.
"Se hizo un registro corporal, tanto a Aparicio como a Erix Nieto y a ninguno se le encontró el supuesto dinero marcado que iba a entregar el testigo”, agregó.
No obstante, para ninguno existía la orden previa de allanamiento y en esa revisión fueron desnudados totalmente frente sus compañeros de trabajo, no encontrándoseles nada que los vinculara con el supuesto delito.
Aclaró que hay un solo testigo que denunció a estos funcionarios por haberlo extorsionado por una fuerte suma de dinero.
Con base en esa denuncia la Fiscalía Segunda Superior ordenó un operativo encubierto donde designó verbalmente al secretario para que efectuara el operativo.
La acción se llevó a cabo en las instalaciones de la PTJ, donde existía un dinero marcado que era supuestamente el que el denunciante entregaría a los funcionarios y a su vez éste informaría al Ministerio Público cuando se cometería la infracción.
Fue entonces cuando se hizo un allanamiento mediante una llamada perdida de parte del testigo al secretario de la Fiscalía Segunda Superior y este entendiendo el mensaje procedió a efectuar el allanamiento, pero el dinero nunca apareció.
