La petición de vacaciones de los titulares de Economía y Finanzas, Norberto Delgado y de Salud, Fernando Gracia, para dedicarse a la política generó reacciones de dos de los candidatos a la presidencia.
Ricardo Martinelli, de Cambio Democrático, lo calificó como un "descaro", al tiempo que dijo que "se trata de una enorme burla de los políticos tradicionales y no entiendo cómo es posible que ante los problemas de desempleo y salud que tiene Panamá, los ministros tomen vacaciones para hacer política".
El candidato comparó la actuación de los ministros con la de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, quien pidió ser la jefa de campaña de José Miguel Alemán.
Por su parte, el candidato presidencial de la alianza Patria Nueva, Martín Torrijos, coincidió con Martinelli, al afirmar que es cuestionable que "los funcionarios públicos insistan en utilizar sus horas laborables y los recursos del Estado para apoyar la campaña política de los candidatos de gobierno, pese a que se trata de una práctica incorrecta".
Torrijos lamentó que el gobierno no se haya manejado con la transparencia que se requiere durante el proceso electoral, al dar su abierto respaldo a las campañas de los partidos Arnulfista, MOLIRENA y Liberal, situación que le preocupa porque tiene que haber un compromiso ético en cuanto al manejo de recursos del Estado.
El líder de la oposición lamentó además que el gobierno esté dando excusas absurdas, como las supuestas vacaciones de los ministros por 24 y 48 horas, cuando independientemente de ello realizar política durante el horario de trabajo, es una acción incorrecta.
Las declaraciones de Torrijos surgieron durante una gira médica realizada en el corregimiento de Chilibre, junto a su esposa Vivian de Torrijos y sus candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, Samuel Lewis Navarro y Rubén Arosemena.
Con relación a las finanzas públicas, el líder de Patria Nueva afirmó que, al igual que la partida secreta, no se conoce el manejo que el gobierno le ha dado a los recursos del Estado durante los últimos cinco años.
Torrijos señaló que el pueblo desconoce cuánto le debe el gobierno a los proveedores de bienes y servicios contratados por el Estado, el manejo del dinero del Fondo Fiduciario y de las Leyes 24 y 25 dirigidas al sector agropecuario.