El legislador Felipe Cano, miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD), reiteró la solicitud al ministro de Gobierno, Arnulfo Escalona para que explique dónde están las armas recogidas producto del Programa Armas por Mejores Condiciones de Vida realizado el año pasado.
A través de una nota fechada el 30 de abril pasado, Cano expresó que vería con "mucho agrado" que le devolvieran las armas que fueron decomisadas el pasado de agosto y que se supone están en custodia de la Policía Nacional.
El legislador explicó en la nota enviada que su único interés es recuperar las armas para proceder a su debida destrucción en un acto público, tal y como se había dispuesto en el acuerdo firmado con el Ministerio de Gobierno.
Cano explicó que antes de realizar el Programa Armas por Mejores de Vida se había convenido que sería la Policía Nacional la custodia de estas armas, pero que posteriormente serían destruidas en un acto público en el cual participarían diversas autoridades, pero hasta el momento no se ha cumplido con esta última etapa. Añadió que en diferentes ocasiones ha solicitado al Ministerio de Gobierno y Justicia información sobre el paradero de estas armas, sin embargo, todavía no ha recibido una respuesta satisfactoria.
El programa fue realizado el año pasado y las armas fueron recogidas en un cuadro de juegos en Los Andes. La fecha en que se hizo la operación se recuperaron armas de guerra, granadas, lanzaproyectiles y armas pequeñas en su mayoría en perfecto estado.
Cano informó que el programa fue financiado con fondos donados en parte por la Presidencia de la República, la empresa privada y de su partida circuital. Una vez la persona se presentaba con el arma al lugar destinado para estos fines, se le hacía un avalúo y dependiendo del valor, se le entregaban bonos de comida para cambiar en supermercados de la localidad.
Varios docentes entrevistados, que pidieron reserva de sus nombres, se lamentaron que los universitarios estudian hoy día a base de fotocopias. De esta forma miles de libros son reproducidos en cantidades industriales. El negocio es lucrativo, máxime si no se paga luz, ni agua, ni local. Se contabilizaron aproximadamente más de 550 equipos de cómputo diseminados por todas las instalaciones de la universidad. Se desconoce si los arrendatarios pagan los impuestos correspondientes, ya que tan solo un establecimiento mostró su licencia del Ministerio de Economía y Finanzas.
En horario de lunes a domingo y con jornadas mayores de 15 horas, en las instalaciones, los estudiantes realizan sus tareas, accesan internet, fotocopian materiales a precios más bajos que en el mercado local y hasta pueden alquilar y comprar equipo de oficina y cómputo.
Un caso notorio es el local El Atlas, controlado por los estudiantes de Geografía. Sus instalaciones consisten en 22 computadoras, equipo de diseño gráfico y que se asemeja a una sala de redacción. Se ofrecen, inclusive, servicios de capacitación y asesoría informática.
Se destaca además la Facultad de Comunicación cuyos directivos de la Asociación de Estudiantes se negaron a brindar declaraciones; se observa que dicha asociación dispone de un vagón que en otras épocas fue la oficina del periódico Campus; hoy día se subarrienda a un particular y dispone de 16 computadoras.
Dicha asociación dispone además de un kiosco, otro local para servicios de internet y una amplia sala con televisión y otras comodidades. Al dialogar con dirigentes de la Asociación de estudiantes de Derecho, se comprueba que sub arriendan equipo de fotocopiado a una empresa privada; cinco modernas fotocopiadoras se encargan de "volver letra muerta la ley de Derecho de Autor que protege la propiedad intelectual de autores y escritores".
El recorrido efectuado por las diferentes asociaciones estudiantiles permite concluir que todas- sin excepción- controlan los servicios de kioscos, fotocopiado, diseño gráfico y uso de internet. No se observó certificados de manipulación de alimentos otorgados por el Ministerio de Salud; ninguno dispone de control de luz, ni de agua. Algunos locales trabajan inclusive los sábados y domingo. ¿Dónde comienza la corrupción? Se preguntaba una abogada. Las cafeterías están desabastecidas y tenemos que recurrir a los kioscos particulares.
La privatización de los servicios estudiantiles significa en la práctica disminuir los ingresos de la propia universidad. Una visita al centro de fotocopiado de la Biblioteca Simón Bolívar refleja el cierre del centro que era administrado por la universidad. Según declaró el personal de la propia biblioteca "tuvieron que cerrar el local ante la fuerte competencia que hacen los centenares de fotocopiadoras dispersas por toda la universidad y cuyas copias se ofrecen a tres y hasta dos centavos".
El profesor Olmedo García indicó que la situación es el resultado de la Ley 6 que se impuso a partir de la década de 1990, cuyo modelo es dirigido solamente a la corporación del clientelismo electoral y no resuelve el problema académico. A partir de esa ley, el movimiento estudiantil construyó sus propias estructuras para sobrevivir sobre la base del favoritismo electoral y las autoridades elegidas sabían que tenían que favorecerlos de esa manera. Se refleja el deterioro de la infraestructura universitaria y el gasto excesivo de luz, agua, teléfono y aseo; la universidad deja de percibir por efecto de esos subsidios cerca de medio millón a un millón de balboas. La pugna sigue siendo el debate del corporativismo del voto electoral ponderado: los estudiantes saben que tienen el 25% del voto electoral que son las concesiones de los kioscos y de las fotocopiadoras. Un gran sector del movimiento estudiantil se ha ido alienando y se ve huérfano de esa gran movilización académica, cultural e ideológica que en otras épocas caracterizó a la Universidad de Panamá.
En opinión del Decano de Administración Pública, el profesor Fidel Palacios, el funcionamiento de los kioscos y fotocopiadoras se ha realizado en forma desordenada y es competencia de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Explicó que no se retribuyen a la universidad los costos de energía eléctrica, ni agua que implican esos negocios. La actividad ha proliferado debido a la precaria capacidad de respuesta que tiene tanto la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles como la propia universidad para apoyar las actividades estudiantiles. Las asociaciones se basan en esta situación para generar sus negocios . " Soy uno de los principales críticos en la universidad de ese sistema y he solicitado al Consejo Académico que se ponga un alto", indicó Palacios.
Los estudiantes ven en estos negocios su forma de vivir. Hay dirigentes que tienen hasta 15 años en la universidad y no se gradúan porque han logrado montar su propio negocio y ven a la universidad como una vaca que pueden ordeñar de forma permanente.
Según Palacios, el origen de tal anomalía proviene desde la administración de Ceferino Sánchez; con la administración del rector Julio Vallarino se trata de que se inscriban los negocios en la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles. Sin embargo admitió que no ha sido posible sacar de los negocios a los estudiantes que tienen tanto tiempo de administrarlos, porque argumentan que son conquistas. Explicó que debido a la pérdida de las elecciones del grupo del Movimiento de Avanzada Nacionalista ( MAN) se prevé que puedan surgir problemas debido a que hay que traspasar el control del kiosco de la Facultad.
Viola de González, directora de Vida y Motivación Estudiantil de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, indicó que desde hace muchos años regulan a las asociaciones estudiantiles a través de un reglamento de asociaciones o centros de estudiantes vigente desde 1978 se establece en su artículo 2 que, a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles en concordancia con los decanos, dotará de locales a las mencionadas Asociaciones y Centros de Facultad en aquellos casos en que las facilidades físicas así lo permitan sin afectar el normal funcionamiento de la actividad docente, administrativa y de investigación". Se necesita una reforma de dichos reglamentos y no se han concretizado porque hay resistencia a los cambios, aclaró González. Reconoció que muchos locales se han remodelado por las propias dirigencias estudiantiles y el problema se origina debido a que el presupuesto de la universidad se redujo y no es posible brindar algunos beneficios. Admitió que las asociaciones no pagan a la universidad ninguna suma en concepto de consumo de luz, agua y teléfono. González indicó que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles trabaja con la autorización de los decanos y reconoció que es complejo controlar a más de 54 asociaciones estudiantiles de la Universidad de Panamá, en todas las provincias del país.
El profesor Eduardo Flores, Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, indicó que hay grupos estudiantiles muy responsables. Sin embargo, hay otros que son herederos de una tradición clientelista polítiquera que se trata de eliminar. Destacó que su facultad presentó al Consejo Académico hace un año, una propuesta para que a todos los negocios se les colocara un medidor de luz y la medida fue recriminada por ciertos sectores estudiantiles y reconocida por otros. Aclaró que existen grupos que tratan de aprovecharse de la universidad y otros que sí la respetan y valoran. Explicó que la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles es la instancia que regula la adjudicación de locales a las agrupaciones estudiantiles.
Flores se mostró orgulloso de varios logros de la Universidad de Panamá en materia de investigación científica y desempeño académico, el rostro auténtico de los universitarios, aseguró.
