La indecisión del Gobierno sobre el futuro de la Ciudad Gubernamental mantiene irritados a los miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), quienes sienten que "se está tirando la pelota de un lado para otro", indicó un miembro del organismo.
La fuente, quien solicitó la reserva de su identidad, indicó que la postura del Gobierno es ambivalente en un tema que precisa seriedad y todas las garantías sobre su futuro desarrollo. Como muestra de ello, mencionó que sólo el estudio para el desarrollo de la Ciudad Gubernamental costó 400 mil dólares.
El Panamá América intentó conocer la postura del presidente de la CAPAC, Manuel González Ruiz, pero se informó que no daría declaraciones al respecto. Por su parte, el ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, manifestó que el anuncio hecho durante el Consejo de Gabinete de trasladar cinco ministerios al área de Howard no es una decisión definitiva y forma parte de las evaluaciones que se hacen.
Destinar varias hectáreas de terrenos ubicadas cerca al vertedero de basura de Patacón fue otra opción que se promovió en días pasados para albergar la Ciudad Gubernamental, sumándose así a las propuestas del campo de antena de Clayton y al de los terrenos que ocupa el aeropuerto doméstico de Albrook.
Una Constituyente Paralela, con la que se mostró en desacuerdo, cercena el poder de una Constituyente en el momento en que se restringen los terrenos en los cuales deben hacerse los cambios necesarios.
Para el también constitucionalista Silvio Guerra, la sola Constituyente ostentaría el poder originario, lo que se traduciría en empezar a desconocer la institucionalidad política y jurídica del Estado panameño y se le otorgarían plenos poderes a esa Asamblea Nacional Constituyente.
En tanto, la Asamblea Nacional Paralela no dispondría de poderes originarios, en la medida en que se permite la continuidad de las funciones políticas del Ejecutivo, las funciones legislativas de la Asamblea y las funciones judiciales.
Bernal, por su parte, considera la Constituyente Paralela como un fantasma, "es un invento traído de los cabellos por un grupillo de duendes miembros de lo que se llamó Partido Demócrata Cristiano (PDC) y que en 1992, vendieron ese apelativo para mantener el estatus quo de todas las personas que ellos tenían electas en los distintos órganos del Estado".
Indicó que los panameños están frente a un texto constitucional que ya ha caducado, "sin pasar por alto sus vicios de origen, sus excesos en su aplicación y porque no está a tono con el constitucionalismo que debe existir en nuestra sociedad, frente a la nueva realidad que vive Panamá a partir de 1989.
De acuerdo con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgardo Molino Mola, lo que propuso inicialmente el gobierno de concretar una reforma constitucional mediante dos asambleas distintas es sumamente largo, ya que habría que esperar hasta el 2004 cuando se discutan las reformas que se aprueben en la actual asamblea.
Frente a ello, dijo, se debe llamar ya a una Constituyente Paralela o que se nombre una comisión de constitucionalistas, que en conjunto con miembros de todos los partidos políticos y de todos los sectores, puedan discutir un proyecto de reforma.
Recalcó que uno de los órganos que más necesita ser reformado es el Legislativo, debido a que utilizando el método de las dos asambleas, los legisladores no tendrían la disposición de producir una reforma correcta porque no van a provocar cambios que los afecte.
En este país, señaló, "ya hemos vivido 100 años de República y hemos obtenido una gran experiencia de los errores que hemos cometido, y es el momento de rectificarlos con una nueva Constitución".
Por su parte, el ex magistrado César Quintero, manifestó que la Constitución que nos rige actualmente (la de 1972) servía a un régimen militarista, pero no funciona en un régimen civilista de separación de poderes, "de manera que esta Constitución ha estado marchando muy mal desde 1990 y cada vez funciona peor".
Quintero, quien se mostró de acuerdo con una Constituyente Paralela, aseguró que la aprobación de una reforma integral por medio de dos asambleas es totalmente contraindicado.
Frente a las necesidades urgentes, aseguró Quintero, no queda más remedio que una Asamblea Constituyente que se elija para eso. "No queremos la repetición de una convención Constituyente como la de 1945 y que se arrogó toda clase de funciones. Esta Constituyente debe ser única y exclusivamente para reformar la Constitución", enfatizó.
En otro ángulo, el abogado Silvio Guerra no cree en una reforma a la Constitución Nacional de 1972, toda vez que ésta ha sido objeto de reformas, a las que calificó de "parches" o "remiendos" constitucionales.
Estos remiendos, aseguró, llevan a la Corte a resolver las demandas de inconstitucionalidad y flexibilizar los textos constitucionales "para adaptarlos a situaciones muy concretas que han quedado fuera del paraguas constitucional, y que dan como resultado interpretaciones dañinas y perversas de los textos de la Constitución".
En tanto, el general retirado Rubén Darío Paredes, también respaldó la idea de instalar una Constituyente Paralela, para no causar traumas y en donde no se sustituya a la Asamblea vigente, para que no se interprete como una interrupción del sistema democrático.
Indicó que, a su juicio, el método más rápido es que el Ejecutivo convoque a las fuerzas vivas del país para que presenten ternas y que pueda escoger una asamblea designada por la voluntad de los propios sectores. "Lo importante no es la vía de elección, lo primordial es el cambio constitucional y sus resultados", enfatizó.
Para los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jerry Wilson, y del Partido Popular, Teresita Yaniz de Arias, cualquier cambio a la Constitución en estos momentos, en especial mediante una Constituyente, sería traumático y riesgoso.
Según Wilson, aunque el tema no ha sido discutido en el PRD, consideró que ha llegado el momento de darse reformas constitucionales integrales, pero enmarcándose dentro de los mecanismos que establece la propia Constitución.
La legisladora Teresita Yaniz de Arias, por su parte, dijo tener sus dudas del llamado a una Constituyente, ya que más que ser la cura milagrosa, puede crear una incertidumbre en cuanto al marco legal con el que se va a manejar el país.
Sin embargo, enfatizó que la Constitución necesita reformas, que bien se pudieran hacer sin la convocatoria de una Constituyente, buscando una gran concertación en torno a los temas principales, pero siguiendo los mecanismos que establece la actual constitución.
"Además, dudo mucho que el actual gobierno esté interesado en convocar a una Constituyente. Cuando una Constituyente comienza, uno sabe dónde empieza, pero uno no sabe hasta dónde o cuándo termina. Hay temas mucho más urgentes que atender", recalcó.
Mientras que para el legislador oficialista, José Isabel Blandón, es indiscutible que la Constitución actual requiere de una revisión integral y unas profundas modificaciones, y aunque sostuvo que el mecanismo más democrático sería el de una Constituyente, la decisión dependerá del consenso de las fuerzas políticas y sociales del país.
"El medio, en alguna medida importa, pero lo más importante son las metas que alcancemos. Y si llegamos a esa meta, no importa si se hace a través de una reforma o a través de una Constituyente", enfatizó.
Los cambios que, primordialmente, deben plasmarse en una nueva Carta Magna, según constitucionalistas, están centrados en reducir la alta concentración de poder en el Organo Ejecutivo, eliminar privilegios a los miembros del Organo Legislativo y ordenar y darle independencia al Organo Judicial.
Pero para lograrlo, será necesario que las partes abandonen sus intereses políticos y personales, para poner al país a la vanguardia del constitucionalismo. ¿Será eso posible?
