Como "otra carcajada cruel de este Gobierno" consideró el Partido Popular el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual se restringe la información que debe ser de libre acceso a los ciudadanos, como lo son las declaraciones juradas patrimoniales de los altos funcionarios.
Mediante un comunicado que lleva la firma del presidente de este colectivo, Rubén Arosemena, el Partido Popular sostiene que la decisión de la Corte es una negación de la Constitución y de las leyes, con la cual una vez más encubren a Mireya Moscoso y sus ministros, tal como ocurrió con la empresa Panama Ports a la que le regalaron millones de dólares.
La actitud de la Corte hace pensar a los dirigentes del PP que algo quieren ocultar, porque los magistrados al emitir su voto parecen convertirse en cómplices de los malos manejos y despilfarros característicos de este Gobierno desde sus inicios, al evitar que se descubra quiénes no han hecho declaraciones de patrimonio antes de empezar el Gobierno.
El PP apunta que las actuaciones de los magistrados denotan un esfuerzo constante por entorpecer la justicia, deteniendo el surgimiento de la verdad, elemento fundamental para que la justicia prevalezca en Panamá.
Agrega que los magistrados Aníbal Salas, Alberto Cigarruista, Arturo Hoyos, Jorge Fábrega y Winston Spadafora se burlan de la Ley de Transparencia, la verdad, la justicia y del pueblo panameño cuando esas decisiones permiten que hagan lo que quieran con la plata de los impuestos.
Como una medida de corrección el PP sostiene que de ganar las elecciones en el 2004, propondrá un cambio en la Constitución Nacional que permita transformar el sistema de selección de los magistrados, a fin de que la justicia goce de la credibilidad ciudadana.
En tanto, la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, señaló que ha analizado el tema y no hay ninguna norma que impida que se conozca la declaración de bienes de los funcionarios, aunque admitió que la decisión de la Corte es definitiva y no admite recursos.
A juicio de Montenegro, la información sobre la declaración de bienes es obligatoria puede ser de conocimiento de las personas, porque al final la opinión pública observa y puede percibir si existen motivos para dudar.
