Unidades policiales en conjunto con la Fiscalía de Drogas incautaron la noche del sábado un cargamento de fusiles AK-47, municiones, explosivos C-4, lanzacohetes y granadas que se presume procedían de Nicaragua.
Según una fuente ligada a las investigaciones, el decomiso se produjo en una empresa ubicada en calle 35, Calidonia, en donde lograron el arresto de un colombiano y 10 panameños.
Se informó que el cargamento de armas tenía como destino las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y serían transportadas por mar hacia ese país hermano.
Trascendió que el cargamento había sido introducido por tierra en camión, pero las autoridades decidieron darle seguimiento hasta la ciudad capital.
Luego se montó un operativo de vigilancia y se rodeó el lugar por los agentes policiales, que inicialmente sospechaban de un cargamento de drogas. Este es el tercer cargamento de armas decomisado en dos meses.
Landero, quien en las últimas semanas ha visitado las cárceles y está conociendo la realidad que se vive en este sistema, asegura que hará que la permanencia de los internos en los penales sea más llevadera, respetando los derechos humanos.
Se comprometió a reivindicar esta situación. Su primer paso fue efectuar una reunión con el Consejo de Política Penitenciaria, entidad que abordará en primera instancia el anteproyecto de libertad condicional.
"Hay que hacer de todo, desde reformular algunos programas básicos de resocialización implementando los diferentes programas de educación y de cárceles abiertas", indicó.
Esta Ley posibilita ejecutar acciones precisas como la sustitución de la seguridad interna de los penales, las cuales recaerán en custodios civiles.
Esta iniciativa debe implementarse a más tardar en dos años. Además, pretende poner en funcionamiento la Academía de Formación de los Custodios Penitenciarios y aplicar la carrera penitenciaria.
En cuatro años pretende ejecutar todos estos proyectos. Pero estos planes exigen la asignación de partidas como establece la Ley 55. Actualmente, el Sistema Penitenciario funciona con un presupuesto estimado en B/. 12 millones.
Landero insiste en que para poder aplicar una política penitenciaria de forma científica se necesitan recursos.
Reconoció que los únicos recursos que favorecen al sistema penal panameño son los otorgados por la Comunidad Europea, canalizados en diferentes proyectos en fase de ejecución.
Unas de sus prioridades son conseguir apoyo para la construcción de una clínica de hospitalización y cirugía menor con 60 camas para La Joya y la sistematización de datos para obtener una red establecida en los centros penales, el Organo Judicial, Ministerio Público y la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Otros proyectos en ejecución se refieren a la toma de huellas dactilares, digitalización y fotografías de los detenidos, actividad coordinada con la PTJ y la Policía Nacional. También se plantea establecer la clasificación de los delitos cometidos por los internos y el mejoramiento del recurso humano a nivel administrativo.
De acuerdo con el nuevo director del Sistema Penitenciario, el principal problema que enfrentan las cárceles es el hacinamiento. Según Landero, sólo 48% de los detenidos están condenados. El resto son personas en procesos judiciales en el Organo Judicial y el Ministerio Público.
En muchos centros penales no se pueden cumplir programas de resocialización y rehabilitación, porque hay que estar presentando los recursos para la atención de personas que están en proceso y que no están debidamente condenadas, explicó.
"Si hablamos de mediación, arbitraje y conciliación a través de la Comisión Codificadora, no será necesario tener en las cárceles personas que estén en proceso", planteó.
Landero está de acuerdo en que para solucionar los problemas de las cárceles hay que aplicar más medidas cautelares. Explicó que hay una multiplicidad de personas que salen libres después de estar recluidas en un centro penal y resulta que no tienen responsabilidad penal.
