La Pastoral Social Cáritas Panamá y Cáritas de España interpondrán las acciones legales correspondientes para evitar que se haga efectiva la orden de expulsión del misionero español Francisco Aperador, aseguró ayer el coordinador de la Pastoral Social, Héctor Endara.
El pasado 3 de diciembre la directora de Migración, Ilka de Barés, a través de una resolución, ordenó la expulsión de Aperador, en la que sostuvo que este se encuentra efectuando abiertamente actividades no relacionadas ni compatibles con la labor de un misionero de la fe católica, las que a juicio de las autoridades nacionales, "atentan" contra el orden público interno del país.
Aperador llegó al país por medio de un convenio de cooperación entre Cáritas de España y la Pastoral Social Cáritas, como parte de su acción de acompañamiento a la Coordinadora Campesina contra los Embalses.
Según Endara, la Pastoral Social Cáritas Panamá está sintiendo el ataque al trabajo que hace la organización, fundamentalmente por el acompañamiento que hace a la Coordinadora Campesina contra los Embalses.
Aseguró que de una manera totalmente arbitraria e irregular las autoridades de Migración han emitido una resolución que no tiene ni pie ni cabeza, en donde se meten incluso a analizar la fe católica, que no les compete de ninguna manera.
Indicó que las autoridades eclesiales, entre ellas el arzobispo José Dimas Cedeño, están exigiendo una explicación a las autoridades del Ministerio de Gobierno y Justicia, porque a todas luces lo que se está cometiendo es una injusticia, un atropello y una arbitrariedad.
"Este es un ataque directo a Francisco Aperador y al trabajo que hace de acompañar a la Pastoral Social Cáritas y a su vez a las Coordinadora Campesina Contra los Embalses", destacó.
Informó que aunque a Aperador se le dio tres días para salir del país, se ha interpuesto un recurso de reconsideración, por lo que la orden de Migración no puede ser ejecutada. "Nosotros esperamos que Migración retome el camino de la legalidad y no cometa más arbitrariedades", destacó.
Para tomar la decisión de expulsión, Barés acogió el artículo 36 del Decreto Ley 16 del 30 de junio de 1960, que rige el aspecto migratorio y que establece que el Ministerio de Gobierno y Justicia podrá negar la entrada al país o el tránsito por el mismo a cualquier extranjero.
De igual forma, este artículo establece que se podrá expulsar del territorio nacional a cualquier extranjero que se encuentre residiendo en él, siempre que ello sea necesario o conveniente por razones de seguridad, de salubridad o de orden público.
Al ser consultado sobre el tema, el subdirector de Migración, Javier Tapia, aseguró que desconoce el porqué se le ha dado trascendencia a este tema, e informó que el martes habrá un pronunciamiento oficial de la directora de la entidad.
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