El presidente de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa, Miguel Bush, instó ayer al procurador José Antonio Sossa a renunciar a su cargo antes de que surjan los elementos para iniciarle un proceso penal por corrupción y tráfico de influencias.
Bush dijo que pareciera que Sossa está incurriendo en "delitos" más graves de los que hace un par de años motivaron que José Manuel Faúndes fuera separado de su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente enjuiciado por la Asamblea Legislativa.
A juicio del legislador, es altamente sospechoso que Sossa se preocupe por los derechos humanos de una persona vinculada a un secuestro y al tráfico de drogas, preocupación que no se evidencia, cuando a diario todos los detenidos de La Joya y demás cárceles del país son maltratados.
Según Bush, él ha escuchado de diversos casos en que a través del abogado y exlegislador Guillermo Cochez, el procurador Sossa traficaba influencia.
Expresó que él ha conocido de algunas ocasiones en que Cochez trataba de traficar influencias para lograr la liberación de algún detenido y en el caso en que el director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Alejandro Moncada, "no le paraba bola", entonces se quejaba con el procurador.
Bush dijo que situaciones similares en las que Sossa se ha preocupado por los derechos humanos de los presos se han registrado cuando éstos son personas vinculadas con secuestros, tráfico de drogas y otros delitos mayores.
Por otra parte, el presidente encargado del Partido Solidaridad, Carlos Clement, afirmó que la gresca protagonizada por miembros del Ministerio Público y la PTJ, constituye un acto "vergonzoso" que daña la imagen internacional del país y da pie a que Estados Unidos proclame que los panameños no son capaces de gobernarse solos.
"Creo que hay formas de hablar, estamos a fines de este milenio donde existen teléfonos celulares, con los cuales se puede solicitar información sobre cualquier persona detenida", declaró.
"¿Por qué no se hablan; para qué llegar a ese tipo de confrontación, donde los involucrados son funcionarios de segundo y tercer nivel; qué tal si se hubiera dado una balacera?", se preguntó Clement.
Sostuvo que esa controversia entre estamentos armados se convertirá en una roncha que nunca se va a quitar, por lo que sugirió el diálogo como factor importante.
En este mismo tema, el exmagistrado de la CSJ, Cesar Quintero, expresó9 que la discordia se estableció desde el momento en que se estableció que la PTJ está ordenes de la Procuraduría, pero el nombramiento es potestad de la Corte y esa dualidad hace daño.
Agregó que a la Asamblea Legislativa le encanta sembrar problemas.
Por su parte, el exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Miguel Antonio Bernal, indicó que estamos muy abochornados de lo que ha ocurrido por el uso de armamento de guerra, es una situación muy triste.
Si estaba en estado de ebriedad deberían renunciar al cargo, al igual que el resto de los funcionarios, sentenció.
En este sentido, la también exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Aura Emérita Guerra de Villalaz, manifestó que es lamentable para el país y para la administración de justicia.
Estos tipos de obstáculos que rayan con lo escandaloso le hacen mucho daño a la administraicón de justicia y resta credibilidad a las instituciones, recalcó.
