Carrera administrativa, 'bfretorno al botn poltico?

AUNQUE LA recién sancionada Ley de Carrera Administrativa estipula que la afiliación política no es un impedimento para ser funcionario, lo cierto es que el 36% de los servidores públicos están inscritos en el partido gobernante.
Esta cifra, que maneja la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), podría aumentar con el pasar de los meses, pues la Ley en mención permite a los servidores públicos con apenas dos años de servicio ingresar a Carrera Administrativa.
Según la FENASEP, el 52% de los funcionarios no pertenece a ningún partido político y el resto de los puestos lo ocupan los del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) con un 5% y los del oficialista Partido Popular con el 1%.
Esta administración gestionará el ingreso de 22 mil funcionarios a Carrera Administrativa antes que finalice el 2007, lo cual fue criticado por los partidos de oposición que advirtieron que "la Ley se hizo a la medida de este Gobierno".
Al respecto, el ex legislador Milton Henríquez, quien impulsó la elaboración de la ley de Carrera Administrativa en la década del 90, advirtió que "la recién aprobada Ley desnaturaliza el principio del mérito al dar estatus de Carrera Administrativa a personas "no reunen los requisitos para el cargo". "Esta es la muerte del sistema y la vuelta al botín político con la planilla estatal, pero ahora con "vacuna", sostuvo.
Al respecto, el director de Carrera Administrativa, Arnulfo De León, señaló que "los funcionarios serán evaluados anualmente y de salir, mal calificados en dos ocasiones saldrán inmediatamente del sistema". Comentó además, que la Ley incluye 21 causales específicas por la cual se pueden destituir a un servidor público, entre ellas, incumplir con su horario y con sus funciones.
Los funcionarios a partir de la fecha entrarán al engranaje gubernamental bajo un concurso de acuerdo con los requisitos del cargo, exigidos en el Manual Institucional de Clases Ocupacionales.
Esto, según Alfredo Berrocal, secretario de la FENASEP, es "saludable". "Será seleccionado el mejor, lo que pone en el olvido los nombramientos políticos y discrecionales", pregonó, por su lado, De León.
Para garantizar lo anterior, la dirección en mención tendrá autonomía administrativa para resolver sus asuntos internos administrativos y contará con personal para supervisar las pruebas que coloquen a los futuros funcionarios.
En esa misma línea, la FENASEP advirtió que velará por el cumplimiento de esta normativa a fin de que las vacantes sean publicadas y en primera instancia, sean considerados los empleados de la propia institución.
Se propone que a cuatro meses de la vigencia de esta Ley, las instituciones estarían obligadas a someter a concursos las vacantes existentes.
La Ley beneficiará a 58 mil funcionarios a más tardar en la mitad de 2008. En esta administración se han acreditado a esta normativa 7 mil 300 servidores, luego de cumplir los 2 años de labores que exige para ingresar a este régimen.
Precisamente, este último requisito propició intensos debates en la Asamblea Nacional donde diputados de la oposición apuntaron que "este traje (la Ley) se estaba haciendo a la medida de este Gobierno".
De los 175 mil empleados registrados en la planilla estatal, unos 63 mil están inscritos en el partido gobernante.
El resto de los puestos lo ocupan los panameñistas con un 6%, los del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) con un 5%, y los del oficialista Partido Popular con el 1%. Estas son cifras que maneja el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y que comparte la FENASEP.
Frente a ello, Henríquez señaló que si le tocara hacer la ley hoy día, hubiese propuesto extender el sistema de Recursos Humanos de la Autoridad del Canal de Panamá al resto de la Administración Pública, haciendo los ajustes mínimos necesarios. No hubiera creado la Junta de Apelaciones y Conciliación, sino que hubiera promovido la creación de tribunales administrativos dentro del Órgano Judicial (hoy todo lo Administrativo va directo a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia) para que ventilaran los diferendos en primera y segunda instancia.