Erradicar las casas condenadas en diferentes puntos de la ciudad, para evitar que las familias de escasos recursos vivan en ellas, es un problema que las autoridades no han podido resolver.
Solamente en la metrópolis existen unos 363 caserones condenados, donde aproximadamente unas 4,786 familias habitan en ellas.
Según el ministro de Vivienda, Gabriel Diez, se están haciendo estudios y analizando proyectos en la ciudad capital .
Los mismos consisten en mudar a las personas de las casas condenadas, a nuevos inmuebles, las casas condenadas se derrumban y en ese lote se edifica un nuevo inmueble para que las personas vivan en mejores condiciones.
"Es una triangulación. Para ello necesitamos los lotes baldíos que hay en la ciudad y en Colón, para construir en ellos", señaló el titular de Vivienda.
Registros.
En la capital, al menos 13 corregimientos tienen casas condenadas, entre ellos: El Chorrillo (78), Santa Ana (56), San Felipe (78), Calidonia (23), Río Abajo (37), Bella Vista (2), y San Francisco (20).
En su conjunto representan unas 13 mil 170 personas viviendo en inmuebles de riesgo.
Diez señaló que luego que las familias son reubicadas en nuevos inmuebles, deberán pagar su alquiler o la familia que tengan capacidad para comprarlo, que lo haga.
Para el urbanista, Alberto Arosemena, una posible solución a las casas condenadas sería una "planificación integral" de los diferentes sectores de la ciudad donde existan casas condenadas.
"Establecer un diseño urbano a largo plazo, a 5 o 10 años, de esa manera cuando las casas se desalojen por cualquier situación, se construyan infraestructura según las necesidades", manifestó.
"En otras palabras, se debe planificar una manzana (donde pueden haber de 20 a 50 lotes con casas habitadas o no). En la medida que se necesiten nuevas infraestructuras, éstas se construyen según lo planificado", declaró Arosemena.
Agrega que no debe ser cuando se cae una casa, se derrumba y se hace una igual a la que existió, con las mismas dimensiones, pues al final sería igual".
Temor.
Para el sociólogo Marco Gandasegui el que familias permanezcan viviendo en casas condenadas, no es un problema sólo de las personas que habitan estos inmuebles, ya que el 90% de las que se pueden ir, lo hacen.
"Panamá tiene un superávit, y aún esos problemas de vivienda y salud no lo han podido resolver", puntualizó.
Aseguró que un porcentaje pequeño que no se va de éstas casas, posiblemente no lo hace por tres motivos: por inseguridad, (les da pánico moverse a un área desconocida), ya tienen un círculo establecido (su gente y su ambiente), temen dar el salto y perder sus influencias.
En general miedo al cambio, sostuvo.
