La industria de los casinos en Panamá no escapó del radar de la Embajada de Estados Unidos, un negocio en el que se mueven más de mil millones de dólares anuales en apuestas.
En agosto de 2006, la empresa Merit Management se quejó ante la embajada de que el Gobierno le estaba poniendo obstáculos a su licencia en Colón a pesar de haber llenado todos los requisitos.
La licencia para este casino ya había pasado por todas las instancias, sólo faltaba la aprobación final del Consejo de Gabinete.
Merit Management y la embajada señalaron en un cable diplomático que ninguna de las autoridades les daba una respuesta precisa de la aprobación de la licencia.
La Embajada de Estados Unidos concluyó que fueron dos factores los que influyeron en que la licencia estuviera en estado de espera por más de un año y que con el cambio que se dio en ese momento podría haber algún avance.
Entre ellos, Estados Unidos dijo que la sustitución del director del Consejo de Seguridad, Leonel Solís, era positiva para el proceso. “Él ha sido acusado de buscar sobornos para completar el proceso de verificación de antecedentes supuestamente requeridos para la solicitud de licencia de Merit”, indicó la embajada.
La embajada también señaló que las preguntas hechas al ex contralor Dani Kuzniecky alertaron al pleno de la Junta de Control de Juegos a mover la licencia.
Dentro del cable, Estados Unidos sostuvo que el propio presidente Martín Torrijos había ordenado cancelar la licencia de la empresa Royal Games por presiones del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
Los propietarios de la compañía expresaron ante la embajada en 2005 que Pérez Balladares era el principal accionista de las operaciones de la empresa Cirsa en Panamá.
Estados Unidos calificó a los casinos en Panamá como un cartel que impide la competencia.
