El juez Tercero de lo Penal, Adolfo Mejía, no ha podido emitir su decisión final en el proceso que se le sigue a Dalvis Xiomara Sánchez, -acusada de enriquecimiento injustificado por el llamado caso de los “durodólares”-, debido a que la Sala Tercera de lo Penal no ha respondido a un oficio que busca determinar la competencia de la causa.
El pasado 1 de abril, a través del oficio 804 del 2011, Mejía solicitó al magistrado Alejandro Moncada Luna, un informe del estado procesal de un expediente que allí se ventila, relacionado con la causa, a fin de determinar si la situación jurídica se ajusta al contenido del Artículo 1968 del Código Judicial.
Dicho artículo establece que cuando alguno de los elementos del delito depende de la decisión de un proceso extrapenal (que este en otra jurisdicción) no se podrá dictar sentencia hasta que se decida aquel, no obstante, si transcurriere un año y no se hubiera decidido la cuestión se declarará el fallo correspondiente.
Ante la Sala Tercera de lo Penal se encuentra una demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción en contra de dos resoluciones de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial de la Contraloría General de la República, que adelanta un proceso administrativo contra Sánchez, quien fue secretaria de la Presidencia de la República durante la gestión de la presidenta Mireya Moscoso.
A la ex funcionaria se le hallaron 45 mil dólares en efectivo dentro de un congelador en su residencia, en el año 2002.
A juicio de Rogelio Cruz, abogado defensor de Sánchez, el juzgador deberá esperar un año si la Sala Tercera no resuelve antes la demanda, que busca que se anulen las resoluciones que indican que los ingresos de Sánchez no se justifican. La audiencia para este caso se celebró el 28 de enero, y el juez se acogió al término reglamentario para dictar sentencia.
