Los términos del debido proceso y eficacia de las pruebas fueron elementos que no valieron de nada, al momento de enjuiciar al líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, fundador del mayor partido político que adversa al régimen de Nicolás Maduro. Este episodio parece repetirse en Panamá.
En Venezuela opera un poder judicial que, como en Panamá, hace alusión a la independencia y al Estado democrático de Derecho para sus ciudadanos.
No obstante, los argumentos planteados por los abogados defensores de López durante su juicio, no impidieron que la jueza Adriana López, obviara cerca de ocho fallos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que daban prioridad al derecho de los políticos a criticar al Gobierno.
Estas críticas fueron interpretadas por el gobierno de Nicolás Maduro como un intento de "derrocamiento" de su mandato, y se justificó ante la opinión pública la necesidad de llevar a prisión a López.
Para ello, se interpusieron dos acusaciones y se dispuso de 15 abogados y ocho fiscales para levantar expedientes contra el líder opositor, lo que produjo una demora en la revisión de expedientes y un retraso en la audiencia preliminar por tres sesiones, que al final acumuló más de 25 horas.
Este mismo patrón utilizado para llevar a juicio a López, pareciera repetirse en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP), desde donde el gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha decidido acabar con quienes les adversan.
Para el abogado y exviceministro de Gobierno, Alejandro Pérez, "es la misma película que estamos viviendo en Panamá en los casos de peculado por los que se le acusa al expresidente Ricardo Martinelli".
Pérez señala que estos casos "reciben un respaldo mediático de los grupos que le hicieron campaña política a Juan Carlos Varela, con la finalidad de destruir al partido Cambio Democrático y anular a la verdadera oposición".
"Buscan actuar sumisamente a los designios del presidente. La diferencia es que Leopoldo López creyó en la justicia venezolana, pero Martinelli no en la justicia panameña", afirmó.
Pérez añadió que para ello se hacen cosas cuestionables, como montarles procesos a la esposa e hijos del exmandatario. "Lo hacen sin ningún escrúpulo", dijo.
Solo ayer, el Ministerio Público anunció que abrió una investigación de oficio por un posible caso de corrupción contra dos hijos de Martinelli.
Tras su exposición mediática en el diario , se indicó que dicha autoridad judicial investigará por la posible comisión de delitos contra la administración pública y blanqueo de capitales a los hijos del exmandatario.
Sin embargo, para el abogado Sidney Sittón, con todo esto, se ha querido dar apariencia de legalidad a la arbitrariedad del Gobierno, al ejecutar acusaciones contra Ricardo Martinelli.
"Eso se denomina violencia institucional del Estado. La forma más exponencial de que no existe libertad de expresión la tenemos en el hecho de que el Sindicato Único de la Construcción y Similares (Suntracs) tuvo que ir a piquetear la sede de , y porque no se les da cobertura", expuso.
Aseguró que los medios de comunicación se encuentran "embozalados", ya que el Gobierno es el que les reparte la publicidad estatal de a dedo y con ello premia a sus genuflexos.
Además, indica que existe una mala aplicación de la ley penal bajo el Sistema Procesal Penal.
El jurista sostiene que no es pertinente que un fiscal acuse a una persona sin antes formularle cargos o imputar delitos.
"La Corte Interamericana en reiteradas jurisprudencias ha sostenido que la no imputación viola el derecho de ser oído", apuntó.
Añade que existe el deber de formular cargos, narrando los hechos que se les imputan a las personas.
Sistema
- Detención
- En Panamá las autoridades hablan de 200 casos de corrupción ejecutados durante la pasada administración; sin embargo, la mayoría no ha pasado por un juzgado, y en cambio se suministran medidas cautelares de arresto preventivo.
- Código Procesal
- El abogado Sidney Sittón sostiene que el Código Procesal Penal (CPP) tiene en sus primeros 28 artículos, 27 principios y garantías que son la base de interpretación de las normas instrumentales o procesales, los cuales no se están siguiendo en Panamá.
