La decisión de la justicia británica de extraditar a España al general chileno Augusto Pinochet, advierte a los pueblos que han superado regímenes oprobiosos, que los procesos de democratización no pueden dejar pendiente reclamos básicos de justicia, manifestó Ricardo Arias Calderón, ex vicepresidente de la República.
Arias Calderón, quien también es presidente de la Internacional Demócrata Cristiana, alerta que el posible descubrimiento de los restos del padre Héctor Gallego, asesinado durante la dictadura militar en Panamá, plantea la necesidad de dilucidar los crímenes cometidos por razones políticas de 1968 a 1989.
Para Arias Calderón, es el momento de exigirle moralmente a los principales militares (ahora retirados), especialmente a los que integraron el Estado Mayor, que revelen todo lo que saben sobre estos asesinatos, si es necesario a través de la Iglesia Católica.
Sobre el fallo de la justicia británica de extraditar a Pinochet por acusaciones de tortura y conspirar para torturar, Arias Calderón explica que los jueces españoles e ingleses, por su independencia ejemplar, están devolviéndole a los ciudadanos del mundo la esperanza de que sus derechos humanos serán reivindicados y la violación de los mismos, sancionada.
Instó a los latinoamericanos, víctimas de las dictaduras y de sus crímenes, compartir el rechazo vehemente de tales regímenes y a comprometerse a garantizar la independencia de la administración de justicia.
Según Arias Calderón, Pinochet no ha podido gozar de impunidad gracias a la tutoría sobre los derechos humanos que la comunidad internacional ejerce cada día con más firmeza a nombre de la humanidad.
Pone como ejemplo el hecho de que la justicia no se ha dejado paralizar por conceptos tradicionales de la soberanía nacional y del derecho de no intervención que en este campo a veces servían para encubrir crímenes de lesa humanidad por parte de regímenes dictatoriales o totalitarios.
Destacó que el derecho internacional avanza así en la garantía de los derechos inalienables de las personas y no sólo en asuntos que interesan a los Estados.
Por ello considera necesario la ratificación y el pronto funcionamiento del Tribunal Penal Internacional, para garantizar el enjuiciamiento de los dictadores y genocidas responsables de crímenes contra la humanidad.
Agrega que el Tribunal, cuya ratificación es imprescindible, debe operar conforme a normas reconocidas y obligatorias para la comunidad internacional.
Reafirma que esa instancia "permitirá garantizar el enjuiciamiento, conforme a normas reconocidas y obligatorias para la comunidad internacional, de los dictadores y genocidas responsables de crímenes contra la humanidad".
Advierte que "mientras se establezca, las instancias jurídicas nacionales tendrán que proveer amparo jurídico contra la impunidad en los casos que hieren gravemente la conciencia humana.
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