Si el Estado panameño se ve obligado a indemnizar por daños y perjuicio a los funcionarios públicos que fueron destituidos de sus cargos en 1990, mediante la Ley 25, será necesario revisar individualmente cada uno de los 270 casos, aseguró ayer el ex director del desaparecido Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), José Mauad.
Destacó que esta seria una indemnización millonaria, por lo que requerirá una verificación de cada uno de los casos, de al menos 270 trabajadores que fueron destituidos de instituciones como el INTEL y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), porque todos no tienen las mismas características.
No obstante, destacó que mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo del caso, debe aprovecharse la oportunidad para llegar a algún entendimiento entre los ex trabajadores y el actual gobierno.
El Estado Panameño fue procesado recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, por haber violado los derechos de unos 270 trabajadores, mediante la aprobación de la Ley 25, bajo la premisa que ellos formaban parte del movimiento golpista efectuado el 5 de diciembre de 1990, que fue encabezado por el ex coronel Eduardo Herrera, quien fungía como director de la Policía Nacional.
Al respecto, Mauad dijo que está plenamente convencido de que existía algún tipo de relación o coordinación entre los dirigentes de los sindicatos de las empresas estatales y los propulsores del movimiento golpista, sin embargo, esto no era del conocimiento de los trabajadores que participaron.
Recientemente, Alfredo Berrocal, secretario de Defensa de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), quien asistió como testigo a este juicio, manifestó su optimismo porque resulta casi inminente que esta corte emita un fallo favorable a los trabajadores.
Indicó que resulta demasiado tarde para pensar en arreglos fuera de los tribunales entre los trabajadores y el Estado, porque esto dañaría la imagen de Panamá .
Por su parte, el jurista panameño Julio Yau, explicó que los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento, sin embargo, no existe un mecanismo que obligue al Estado a cumplir sus resoluciones.
Destacó que Panamá tiene dos alternativas, acatar y darle cumplimiento al fallo o quedar como un país que viola los derechos humanos, no obstante esta posición no le conviene en estos momentos en que ha recibido el Canal y tiene que demostrar credibilidad, aceptando con responsabilidad los fallos internacionales.
