La Contraloría General de la República entregó formalmente un informe de auditoría a la Procuraduría, donde se recoge una posible lesión patrimonial al Estado por el orden de los $3.5 millones, que se habría fraguado desde la Universidad de Panamá (UP).
La lesión gira en torno al proyecto de diseño, construcción y equipamiento de Centros de Innovación y Desarrollo Tecnológico en centros regionales universitarios del país.
La auditoría tomó 8 meses, y entre otras anomalías, constató que las autoridades de la UP hicieron adendas que no se justificaban, encargaron equipos que nunca llegaron, y tampoco se realizaron estudios de impacto ambiental.
Este proyecto comenzó con un precio de $9 millones, pero concluyó costando más de $15.5 millones.
Una vez recibida la auditoría, la procuradora Kenia Porcell adelantó que se investigará “conforme a derecho” los hechos denunciados, entre los cuales se señalan a la compañía constructora, al rector de la UP, Gustavo García de Paredes, y a 7 directores regionales.
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