Con cautela reaccionaron diversos sectores ante la carta compromiso que pactó el gobierno de Panamá con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a fin de cumplir con una serie de puntos como condición para allanar el camino para la exclusión de Panamá de la lista negra.
El empresario Juan Francisco Kienner señaló que "entiende" el paso dado por Panamá y recordó que las reglas que existían antes no son las mismas que rigen ahora, porque el tema de las sociedades anónimas ha tenido un cierto nivel de vigencia, pero en la actualidad ese concepto ha ido cambiando y evolucionado.
Kienner estimó que se trata de pre requisitos que se están pidiendo hoy para poder negociar acuerdos de libre de comercio y si el país está interesado en esos TLC, entonces debe irse adecuando a este tipo de exigencias.
Por su parte, el abogado Eduardo Morgan, miembro de la Asociación de Abogados Internacionales, señaló que la OCDE está metiendo a Panamá en un gallinero junto a otros países, que en su mayoría tienen una población que sumada no llega a la de Panamá.
Otros sectores opinan que el paso dado por Panamá afectará el sistema financiero que funciona en el país, pues la intención de la OCDE es acabar con los centros que no están en beneficio de ellos.
Citaron que Estados Unidos, que es miembro de la OCDE, trata de presionar al gobierno de Panamá a firmar un tratado de intercambio de información fiscal, que daría al traste con el centro financiero nacional.
Denunciaron que este tipo de solicitud o sistema no se está aplicando a los centros financieros de los países del continente europeo y norteamericanos.
Las condiciones de esta playa son aceptables, existen baños higiénicos portátiles y pequeños ranchos donde guarecerse, aunque no hay agua para quien se quiera enjuagar.
De acuerdo con el alcalde Salazar, el cobro se estableció por medio de un acuerdo con el Consejo Municipal y publicado en la Gaceta Oficial. Cada municipio ordena la vida jurídica en este tema y establece lo que se va a cobrar para que bañistas con vehículos a motor entren a las playas, ya que se les permite la entrada gratis a quienes entran a pie.
Las tarifas son establecidas de acuerdo con el tamaño del auto y van desde B/.1.00 para las motos, B/. 2.00 para autos sedán, B/.3.00 para los microbuses, B/.5.00 para los buses coasters y B/.10.00 para buses grandes, aunque estos montos varían dependiendo de la playa.
Para la procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, desde el punto de vista de lo que establece la Constitución, todas las personas pueden acceder a las playas como un derecho reconocido por la Carta Magna e indicó que es "aceptable" el cobro que se hace en algunas playas para el ingreso de carros, aun cuando no está establecido como un impuesto, sino como una contribución para asegurar su limpieza.
Manifestó que ese cobro les corresponde a las autoridades municipales, ya que según dijo los que asisten a una playa disfrutan de ella, pero no se ocupan de la limpieza.
Expresó, sin embargo, que los dineros recaudados deben ser aprovechados por las alcaldías y juntas comunales. "Yo estaría segura que la gente daría la contribución si se le da servicio sanitarios, duchas y otras ventajas".
Manifestó que ya se ha comunicado con las autoridades municipales y se les ha sugerido que siempre y cuando se le ofrezca un buen servicio al ciudadano, lo más probable es que estén dispuestos a colaborar.
Indicó además que si se está cobrando para ingresar a las playas y asegurar su limpieza, ese dinero debe destinase precisamente a contratar obreros que tengan limpias las playas. "Esa es una exhortación que hemos hecho a los representantes, los alcaldes y a las juntas comunales. Hay que asegurarse principalmente de tener las playas limpias", destacó.
Señaló que los acuerdos municipales que han autorizado los cobros son legales. "Mientras no se les impugne ante la Sala Tercera que lo declare ilegal, jurídicamente es válido", dijo.
Sin embargo, enfatizó que el principio es que se garantice un ambiente de higiene. "A mí no me parece mal que se cobre, siempre y cuando se garantice la limpieza de la playa y que se pudieran ofrecer otras facilidades".
Montenegro de Fletcher recomendó además a los alcaldes y representantes que traten de unificar los montos de los cobros que se hacen a la entrada de las diferentes playas, puesto que en cada un se cobra un monto diferente.
Partiendo desde los propios inspectores en las diversas playas, la fuga de ingresos puede producirse, puesto que este funcionario es el único que se encuentra registrando la llegada de vehículos y es él mismo quien tiene que brindar un informe en Tesorería sobre lo recaudado.
Según el inspector de la playa La Ensenada de San Carlos, Hernán Roberto Muñoz, el sábado 6 de abril, siendo verano y fin de semana, "no cobró ni un dólar", pero los visitantes el domingo 7, superaban las 50 personas, muchas de las cuales habían entrado en vehículos a motor.
De acuerdo con Salazar, el inspector Muñoz fue nombrado por medio de un contrato donde cobra por quincena un 10% de lo que recauda. "El inspector cobra con una libreta numerada los sábados y domingos y el lunes tiene que rendir un informe al tesorero que verifica los recibos con el dinero entregado".
El dinero recaudado dijo, va directo a los fondos del municipio para obras sociales a fin de apoyar a los comedores escolares y el deporte, entre otras actividades, y también para la limpieza de las playas.
Aunque Salazar asegura que se utiliza ese dinero para pagarle a varios funcionarios de limpieza, policía y otros, el inspector de la propia playa Hernán Roberto Muñoz, expresó su molestia porque han pasado tres meses y no se le ha pagado el trabajo que ha hecho durante este verano.
Para la Procuradora de la Administración, el control fiscal de los municipios en la Contraloría tiene que vigilar que los recursos de los municipios se manejen como debe ser y se utilicen para las actividades y los servicios que la comunidad necesita.
De acuerdo con Aquilina Muñoz, corregidora de San José de San Carlos, los dineros son fiscalizados por la tesorera de la Junta Comunal, quien envía el control a Contraloría en Chame. La Tesorería informa de los ingresos y egresos de esos recursos. "Tenemos que hacer un informe de los gastos, por mes, del dinero que se usa para obras sociales, e incluso rendimos un informe a la comunidad de lo que se recauda y lo que se gasta", destacó.
En este sentido, de acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, (UNCUREPA) Pedro Acosta, debe haber un control fiscal más estricto donde se compruebe que los dineros que cobraron sean utilizados para fines específicos. "Porque las quejas de los usuarios son que las playas siguen sucias, los estacionamientos no sirven, les roban en los carros; te cobran un dinero que nadie sabe a dónde va a dar".
Lo cierto es que se está cobrando una tarifa en estas playas, considerada por los bañistas como muy alta y las mejoras brillan por su ausencia. Quienes asisten a los balnearios esperan disfrutar de una playa limpia y con las comodidades básicas que se merecen.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
