El incumplimiento del pago a los ex trabajadores panameños despedidos por la Ley 25 ha traído consigo críticas al actual gobierno nacional.
Ante esta situación el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica, señaló que el gobierno del presidente Martín Torrijos no ha rendido el informe que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ha solicitado.
"Desde hace más de un año, el Estado panameño ha hecho ofertas de cumplimiento a los trabajadores víctimas del caso, sin que ninguna se haya concretado", expresó CEJIL en un comunicado.
La CIDH reiteró al Estado su obligación de presentarle un informe acerca del cumplimiento de la sentencia del Caso Baena Ricardo y otros.
Panamá a través de la Cancillería debió presentar un informe a más tardar el 1 de octubre del presente año.
