En medio de un ambiente de tensión, un grupo representativo de extranjeros se reunieron ayer en la Alcaldía de Panamá con el Sindicato Nacional de Buhoneros de Panamá y el Alcalde encargado del distrito capital, Augusto Díaz, quien ordenó la realización inmediata de un censo que establezca la cantidad de buhoneros afectados con el decreto alcaldicio número 25 que establece que constitucionalmente la actividad de la buhonería es exclusiva para los panameños.
A la reunión también asistió la secretaria general de la comuna capitalina, Ana Belfón, quien advirtió a la veintena de inmigrantes, quienes se hicieron acompañar en su mayoría de sus hijos nacidos en Panamá, que el decreto firmado por la alcaldesa Mayín Correa, aún no está vigente.
Belfón aseguró que este no es un problema de la Alcaldía sino del Ministerio de Trabajo y de la Dirección Nacional de Migración y explicó además que el decreto emitido por la Alcaldía recoge las leyes que en esta materia fueron aprobadas hasta 1979.
Sin embargo, Tomás Méndez, asesor legal de los buhoneros panameños, aseguró que cada día más panameños se abocan hacia el comercio al por menor, debido a los cambios económicos implementados durante el gobierno de Ernesto Pérez Balladares y cuestionó que algunos panameños "se presten" para desplazar a los nacionales.
A criterio de Méndez este no es sólo un problema económico, sino también social y político, ya que la Constitución Nacional establece en su artículo 288 que la actividad comercial al por menor es exclusiva para los nacidos en Panamá.
Durante la reunión ambos grupos mantuvieron criterios encontrados, por lo que la secretaria general, advirtió que no todos los extranjeros radicados en Panamá se encuentran en la misma situación.
La funcionaria municipal también expresó que luego del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los comerciantes extranjeros, la alcaldía capitalina está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia y añadió que el objetivo del decreto es reordenar la actividad.
Al encuentro también asistieron un grupo de representantes de los derechos humanos, quienes cuestionaron la actitud asumida por el Alcalde Díaz y que señalaron que esta situación es una abierta violación a los derechos humanos.
Por su parte, Roberto Tejeira, subdirector del departamento de Legalidad Jurídica de la Alcaldía, dijo que el Municipio de Panamá solicitará a todas las embajadas y consulados de los países de los afectados para que presten el apoyo a sus coterráneos.
Mientras, algunos de los inmigrantes denunciaron que las autoridades municipales los persiguen.
