El Centro de Investigación de los Derechos Humanos y Socorro Jurídico de Panamá expresó su preocupación porque la situación que está atravesando el país en estos momentos, que pone en peligro "nuestra frágil democracia" y sugiere que la implementación de un plan para hacerle frente a la delincuencia debe ir acompañada de los respectivos planes de promoción y desarrollo social, educativo y cultural.
El centro sustenta --en un comunicado que lleva la firma de su presidenta, Otilia de Koster, y del asesor Miguel Antonio Bernal-- que no debe tratarse únicamente de reprimir y encarcelar, sino que se deben establecer las políticas nacionales encaminadas a la prevención de la delincuencia y a la resocialización de los privados de libertad.
El organismo considera que en las últimas semanas se han llevado a cabo acciones por parte de los órganos Ejecutivo y Legislativo que caen en un posible abuso de poder con propuestas de leyes que violan flagrantemente tanto derechos constitucionales como normas de Derechos Humanos, plasmados en Convenciones Internacionales.
En torno a la iniciativa mediante la cual se pretende la modificación del Artículo 30 a fin de instaurar la pena de muerte en el territorio nacional, el centro manifiesta su preocupación, ya que a poco más de dos años de sancionada la Ley No. 55 de 30 de julio de 2003, "que reorganiza el Sistema Penitenciario", aún no se ha reglamentado, por lo que hablar ahora de incluir la cadena perpetua en nuestra legislación penal, resulta además de prematuro, irresponsable, toda vez que el sistema penitenciario ha sido catalogado en el ámbito mundial como uno de los más deficientes.
