El ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, rechazó en forma categórica la creación de un centro penal insular y advirtió que esto sería un “retroceso en materia penitenciaria”.
Mediante una misiva enviada a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Dana Castañedas, el titular de Gobierno indicó que esta alternativa limita el proceso de resocialización de los reos.
Según Mulino, la experiencia ante los hechos sangrientos en el Centro Penal de Coiba, en enero de 1998, cuando se decapitaron a cuatro reclusos, demuestra la complejidad de implementar un sistema de reclusión de esta índole, que garantice la rehabilitación y reinserción social y la seguridad tanto de los privados de libertad como del personal que allí labora.
Sostiene que la iniciativa legislativa, que pretende crear un centro de cumplimiento insular, no dispone con precisión las conductas delictivas ni sexo de los reos que cumplirían su condena en dicho lugar.
Además recargaría el Presupuesto del Estado, que actualmente no satisface las demandas del sistema.
