Certificación y apertura de archivos secretos

Washington.- Dice el viejo refrán, "El hombre propone y Dios dispone".
En esta capital pareciera que son los dioses griegos que visitan la tierra para darles traspiés a los altos funcionarios que se exceden en sus poderes.
Por ejemplo, hace algunos días el general retirado Barry McCaffrey, el "zar antidrogas" del gobierno de Estados Unidos, expresó en México que coincidía plenamente con el presidente electo Vicente Fox de que Estados Unidos debía abandonar la práctica de "certificar" unilateralmente a los países en la lucha antidrogas.
No pasó un día antes que voceros del Congreso, seguramente llevados de la mano por esos visitantes de Olimpo dijeron "ni modo".
"Jamás dejaremos que esa prerrogativa de soberanía nacional sea cedida a organismos multilaterales," explotó un vocero del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara.
De igual manera, informaciones de que la secretaria de Estado Madeleine Albright prometió a los presidentes de Argentina y Chile abrir los archivos secretos sobre la tenebrosa "Operación Cóndor" fue recibido con una buena dosis de escepticismo en los círculos académicos y de organismos de derechos humanos de esta ciudad que hace años se esfuerzan por obtener dicha documentación.
No tenemos grandes expectativas," ironizó Rafael Cohen, uno de los investigadores del National Security Archives, una organización no gubernamental que hace años trata de obtener la documentación del departamento de Estado y la Agencia Central de Inteligencia, mejor conocida por sus siglas inglesas de CIA, sobre los lazos que Washington tuvo con la dictadura de Pinochet.
"La burocracia sabe inventar sus propios obstáculos para demorar o hasta aniquilar cualquier investigación que no le complace," opinó un estudioso de los procesos gubernamentales que prefirió no ser citado.
Peter Kornbluh, director del "Proyecto Chile" de los National Security Archives, fue algo más positivo.
"En el caso de Chile", señaló, "el Departamento de Estado ha estado muy comprometido en abrir los archivos secretos".
Pero de inmediato añadió: "El problema está en que el Departamento de Estado no tiene los documentos más importantes sobre los regímenes militares en Chile on en Argentina. Estos se encuentran en la CIA, en el Pentágono y en la Agencia de Seguridad Nacional. Y ahí no hemos encontrado el mismo compromiso a los derechos humanos".
Gracias a la labor de Kornbluh y algunos aliados en el Congreso, la desclasificación de los documentos relacionados a la dictadura de Pinochet es considerada como modelo para los otros países del Cono Sur.
"Esta experiencia," precisó el investigador, "ha llevado a los grupos de derechos humanos en Argentina y también en Uruguay y Paraguay a movilizarse para obtener el mismo acceso de documentos sobre esta época oscura de su historia".
El caso es que tanto Albright como McCaffrey, no obstante los altos cargos que ocupan, ocasionalmente encuentran que sus voluntades son inhibidas por instancias que nunca dejan rastros claros.
En la campaña de la secretaria de Estado por abrir los archivos sobre las relaciones con los regímenes militares latinoamericanos en la década de los setenta y ochenta choca con todo una burocracia de los organismos de inteligencia que aborrecen la idea de que sus documentos sean llevados a la luz pública, aún décadas después.
Algo semejante ocurre con documentos presidenciales. Hace más de un año que este corresponsal inició un estudio de las relaciones Estados Unidos Panamá en los años sesenta. Con la ayuda de la Biblioteca Presidencial Lyndon B. Johnson, invocó la ley de "libertad de información" que autoriza a los ciudadanos solicitar que la CIA y otras agencias abran sus archivos con fines académicos.
Cuando por fin "desclasificaron" algunos de los documentos solicitados, fueron entregados con muchos espacios en blanco, o sea, censurado bajo el sello "Sanitized" o sea, "saneado".
En el caso de McCaffrey, este se encuentra en una situación igualmente absurda. A pesar de que tanto la Casa Blanca como el departamento de Estado consideran que la ley que requiere la "certificacióón" de países en la lucha antidrogas, es obsoleta.
Hace dos años que los cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el apoyo de Estados Unidos, resolvieron crear un mecanismo regional que insta a cada uno de los gobiernos hacer su propia evaluación. Esta evaluación seria sometida a un comité multinacional de árbitros que pasarán el juicio final.
"Creo que ese es el mecanismo más apropiado", aprobó McCaffrey, "pero me temo de que hay muchos en el Congreso que todavía no comparten esta posición".
El antiguo general aparentemente no prestó atención a la risa de los semidioses celebrando sus travesuras.