El procurador de la Administración, Óscar Ceville, aseguró que no incumplió el deber de poner en conocimiento a la autoridad competente de los “pinchazos” telefónicos en su institución.
Su planteamiento lo basa en que el delito tipificado por el artículo 169 del Código Penal de 1982, no era perseguible de oficio y que la denuncia de la parte agraviada era requisito indispensable.
“Como no contaba con una prueba material que permitiera establecer que mis conversaciones habían sido grabadas, no podía interponer denuncia por este hecho ante autoridad competente”, expresó.
Afirmó que informó al ex presidente Martín Torrijos y este delegó la investigación en Eric Espinoza, ex secretario del Consejo de Seguridad, quien concluyó que la conducta del presunto infractor, ex jefe de seguridad, Jorge Ábrego, fue un acto de desesperación.
