La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó hoy su preocupación por la grave violencia ocurrida en protestas que tuvieron lugar en julio en Changuinola, en Panamá, y pidió al Gobierno de Ricardo Martinelli que investigue las muertes registradas en los disturbios.
"El Estado panameño tiene el deber de investigar los hechos que ocurrieron en violación de derechos humanos, con arreglo al debido proceso, hasta su pleno esclarecimiento, y juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones", indicó la CIDH en un comunicado.
La Comisión recordó además al Estado panameño su deber de controlar las manifestaciones "dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos".
Changuinola, en la zona más septentrional de la atlántica provincia de Bocas del Toro, reconocido destino turístico y rica zona bananera, vivió en julio diez días de huelga en protesta por una controvertida ley.
Las manifestaciones derivaron en violentos disturbios que dejaron dos muertos y más de cien heridos, según cifras oficiales.
El Ejecutivo de Martinelli se comprometió a suspender transitoriamente los efectos en materia laboral de la Ley 30, denominada popularmente como "Ley chorizo", que modificaba tres códigos (Penal, Judicial y Laboral) y seis leyes, incluida la orgánica de Policía e introducía restricciones del derecho de huelga y la modificación de disposiciones sindicales.
La CIDH se refiere especialmente a la manifestación que tuvo lugar el 8 de julio, que fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de al menos dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos.
La Comisión recibió además información de que se habrían emitido órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales posteriormente se habrían anulado.
El 21 de julio el Gobierno de Panamá informó sobre la creación de una comisión especial para investigar los hechos.
