Si el gobierno aprueba un endurecimiento de penas en materia de calumnia e injuria, estaría afectado el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señaló en una nota oficial dirigida la Cancillería panameña la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez.
En el memorándum remitido a Samuel Lewis Navarro, el Relator señala que son muchas las maneras en que un Estado puede violar un tratado internacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y una de ellas puede ser no adoptar las leyes para hacer efectivos los derechos y libertades.
A la vez señala que Panamá al ser signatario de la Convención, está obligado a ponerla en ejecución.
