La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) planteó su preocupación por los disturbios en la provincia de Bocas del Toro y advirtió que el Estado panameño “tiene el deber de investigar los hechos violatorios de derechos humanos, hasta su pleno esclarecimiento, así como juzgar a los responsables y reparar las consecuencias de las violaciones”.
Ayer, en un pronunciamiento oficial, el organismo regional recordó al Estado su deber de ejercer el control de las manifestaciones dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos humanos.
“La Comisión considera que los agentes pueden imponer limitaciones razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se tornaron violentas u obstructivas. No obstante, el accionar de las fuerzas de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo”, agregó.
La información que maneja la CIDH precisa que el 8 de julio pasado, una manifestación, en el marco de la protesta contra algunos aspectos de la Ley 30, relacionados con derechos sindicales y el derecho de huelga, fue reprimida por las fuerzas de seguridad, con un resultado de “al menos” dos personas muertas, más de un centenar de heridos y otro centenar de detenidos.
La Comisión fue informada que se habrían librado órdenes de detención contra, al menos, 17 sindicalistas, las cuales fueron anuladas.
