La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó ayer su visita de tres días a Panamá, con la presentación de un informe preliminar que contiene los temas abordados durante su gestión en el país, y en el que se incluye la existencia de "numerosas" denuncias contra el procurador de la Nación, José Antonio Sossa, como presunto promotor de una campaña contra los periodistas.
"La CIDH recibió numerosas denuncias de que el procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, habría desatado una campaña sistemática dirigida contra los periodistas, abandonando la neutralidad e imparcialidad que supone sus altas funciones", manifestó el presidente del organismo, Claudio Grossman.
Agregó que la CIDH "investigará dichas denuncias que señalan que bajo el pretexto de proteger el honor de las personas, se pretende coartar la libertad de expresión en Panamá, procesando a numerosos periodistas".
Según Grossman, desde la visita del Relator Especial a Panamá, en julio del 2000, "no ha habido ningún avance" para garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión, dándose lo contrario, un aumento de los procesos penales contra periodistas.
Añadió que la Comisión comprobó la vigencia de disposiciones legales que consagran la figura del desacato, lo que es "incompatible" con el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y con el Principio 11 de la Declaración de Libertad de Expresión aprobada por la CIDH, que establece que las leyes de desacato "atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".
Grossman indicó que además la Comisión recibió información sobre un caso en donde se alega la posible intervención de las autoridades para quitarle publicidad oficial a un medio de prensa, lo que es incompatible con la libertad de expresión.
Sobre el sistema penitenciario, Grossman señaló que sigue siendo "gravemente afectado" por el hacinamiento y el elevado número de personas con largos períodos en prisión preventiva debido a la mora en la tramitación de las causas penales, además "no existe" una clasificación de los reclusos, encontrándose que procesados y penados "conviven en las mismas celdas".
Detalló que en el Centro Femenino de Rehabilitación se constató que las condiciones de vida de la población que se encuentra en detención preventiva son de "hacinamiento deplorable", al igual que en las cárceles de La Joya y La Joyita, donde muchos presos están obligados a "dormir en el suelo o colgados en hamacas", colocadas a cuatro metros.
En La Joya y La Joyita, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detectó instalaciones sanitarias deterioradas e insuficientes, poniendo en riesgo la salud de los reos.
En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, Grossman dijo que la CIDH fue informada de las limitaciones a la vigencia de estos derechos que se desprende de la insuficiencia de desarrollo, como la falta de recursos y la desigualdad en la distribución del ingreso.
"La CIDH ha recibido con preocupación información sobre la situación de las comunidades indígenas y campesinas, en donde los índices de pobreza alcanzan el 90 por ciento de los habitantes y donde diversos indicadores de mortalidad infantil, acceso a la salud, a la educación, a condiciones dignas de vida y de trabajo, muestran una realidad notoriamente deplorable", subrayó.
Grossman pidió para la Comisión de la Verdad los recursos adecuados, el acceso a toda la información existente, y en particular, el apoyo irrestricto de todos los organismos del Estado y la colaboración amplia de la población, para que pueda cumplir sus objetivos de esclarecer las desapariciones y crímenes cometidos durante el régimen militar desde 1968 hasta 1989.
El informe de la CIDH, también aborda los derechos de los niños, indicando que siente preocupación por las reiteradas denuncias de la existencia de trabajo infantil, en particular de niños indígenas en las cosechas de la caña de azúcar y del café, siendo poco efectivas las medidas de fiscalización por parte de los organismos gubernamentales.
También destacó que las mujeres en Panamá reciben un salario medio inferior al de los hombres y que el porcentaje de mujeres desempleadas en edad de trabajar es mayor que el de los varones, y que la mayoría de los pacientes en el Hospital Psiquiátrico Nacional han sido admitidos involuntariamente en la institución, donde las condiciones de vida son deplorables.
Puntualizó que la CIDH, procederá ahora que ha finalizado su visita, a elaborar en los próximos meses, un Informe Final sobre Panamá, el cual contendrá las conclusiones y recomendaciones correspondientes que le formulará la Comisión al Estado panameño.
Dicho informe, luego de cumplir los trámites reglamentarios, será hecho público dándose a conocer a la sociedad panameña y a los demás Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó Grossman.
