Cinco ex mandatarios panameños y 50 organizaciones sindicales, estudiantiles y no gubernamentales demandaron ayer al gobierno de la presidenta Mireya Moscoso extraditar a Cuba a cuatro detenidos en el país por un presunto plan parar asesinar al líder cubano Fidel Castro.
Los exiliados cubanos Luis Posada Carriles, Guillermo Novo, Pedro Remón y Gaspar Jiménez están acusados en Panamá de los delitos de posesión de explosivos, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos, en relación con un presunto complot para asesinar a Castro durante la pasada X Cumbre Iberoamericana.
En una declaración entregada al embajador cubano en Panamá, los signatarios de la petición también instaron al gobierno local "a que no ceda ante presiones internas ni externas que pretenden intimidar, dejar en la impunidad o permitir la fuga" de los cuatro hombres reclamados por las autoridades de la isla.
Por su parte, el embajador cubano, Carlos Zamora, recordó que el máximo tribunal de justicia y el gobierno de su país se comprometieron con las autoridades panameñas a "no aplicar ni la pena de muerte, ni la cadena perpetua", en caso de que fueran extraditados a Cuba.
"Reconocemos el derecho de Panamá a juzgar a estos terroristas por los delitos cometidos en Panamá, pero exigimos también el derecho a juzgarlos por los delitos cometidos contra Cuba", dijo el diplomático al recibir la petición suscrita por los ex presidentes Ernesto Pérez Balladares, Guillermo Endara, Manuel Solís Palma, Francisco Rodríguez y Aristides Royo.
Sin embargo, agregó que "el derecho de Panamá a juzgar los delitos de su jurisdicción no son contradictorios con los derechos de Cuba a juzgar aquellos cometidos contra sus ciudadanos e intereses fuera de Panamá".
"Sólo la extradición permite hacerlo y evitar la impunidad", enfatizó Zamora.
La policía panameña arrestó a Posada Carriles y los otros tres exiliados cubanos, después que el propio Castro denunció el presunto plan en su contra.
Días después, las autoridades encontraron un paquete con 40 libras de explosivo C-4, que según las pesquisas serían detonadas a control remoto, para atentar contra la vida de Castro cuando éste asistiera a un conversatorio en la Universidad de Panamá.
Posada Carriles es también requerido por Venezuela por la explosión en 1976 de un avión de la aerolínea estatal Cubana de Aviación en la que murieron las 73 personas que viajaban a bordo de la aeronave.
