Por segundo día consecutivo la corregiduría de Arraiján cabecera junto con unidades de control de multitudes y funcionarios del municipio, continuó el derribo del resto de las viviendas improvisadas construidas de madera y zinc por los precaristas que invadieron las tierras del Asentamiento Unión Campesina de Burunga, lo que provocó el arresto de unas 50 personas.
Basándose en la resolución N° 388 del 12 de junio del 2001 emitida por la corregiduría, se resolvió este jueves desalojar a unas 200 familias precaristas, que se enfrentaron con las unidades para impedir que se les derribaran sus viviendas, lo que resultó infructuoso porque casi la mitad de las casas fueron demolidas por los operarios de las retroexcavadora de la comuna. La acción se suspendió a eso de las 5:00 de la tarde cuando se apersonaron los dos legisladores del distrito Vicente Magallón, Lenín Sucre y el representante Fausto Araúz.
A eso de las 12:00 mediodía de ayer la corregidora reanudó la acción de desalojo en conjunto con las unidades antidisturbios del sector, a cargo del comisionado Luis Omar Tang, pero los precaristas bloquearon la entrada principal de acceso al asentamiento con un enorme tronco. Los invasores solicitaban el diálogo para negociar las tierras y el grupo era mucho más numeroso que el día anterior cuando se inició el desalojo, situación que obligó a la policía a reforzar las unidades.
Los precaristas enardecidos con machetes y garrotes en manos se oponían a despejar la calle, lo que dio paso a los ataques con bombas lacrimógenas. Los precaristas corrieron a refugiarse en las partes altas del terreno y respondieron con fuegos artificiales de forma horizontal y bombas de pescar. En tanto, cuatro maquinarias operadas por funcionarios del municipio continuaron derribando las viviendas bajo un fuerte aguacero que cayó en el momento del lanzamiento.
Mientras que ello ocurría, en los terrenos del asentamiento otro grupo de precaristas se dirigió a cerrar la entrada de río Potrero y el resto se trasladó al puente principal ubicado en la entrada de Arraiján cabecera para intentar cerrar la Interamericana, pero fueron fuertemente reprimidos y algunos arrestados por unidades antidisturbios, que en cuestión de minutos se desplazó al lugar. Legalidad en venta de terrenos Los terrenos de los asientos campesinos en Burunga, Arraiján fueron vendidos legalmente, aseguró ayer el director de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Erick Jiménez, señalando también que el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el proceso de venta.
Las declaraciones de Jiménez se producen luego que algunos "invasores" de tierras fueran desalojados de los terrenos, aduciendo que éstos no estaban siendo utilizados y que habían sido vendidos de forma irregular. Aseguró Jiménez que muchos de los asentamientos fueron a pedir financiamiento al Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), y al no pagarse esos préstamos se tomó la decisión en 1998, tanto por el MIDA como por el BDA, de vender parte de las tierras para pagar las deudas contraidas con el BDA.
Precisó que para ello se siguió un avalúo y los dineros de la venta de los terrenos fueron dirigidos, una parte a los pagos que deben realizarse a la Reforma Agraria y otros al BDA. Expresó que a inicios de su gestión, algunos moradores del lugar han aducido que la venta se dio de manera irregular, "incluso el Ministerio Públicorealiza unas investigaciones, por lo que le hemos mandado información".
Aseguró que la documentación revisada, no ha mostrado ninguna irregularidad en la venta, "el banco fue facultado por el MIDA y tenía un resuelto presidencial, por el cual se reglamentaba la venta de los asentamientos campesinos". Jiménez aclaró que las acciones de desalojo que se ejecutaron el jueves, no fueron emitidas por la Dirección Nacional de Reforma Agraria, "ya que no tienen facultad legal para desalojar a los campesinos, ya sean intrusos o propietarios de la tierra".
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