- 4 millones 54 mil dólares fueron presupuestados por el Tribunal Electoral para aplicar una bonificación.
@JasonMoralesV
Las críticas de la sociedad civil serían la razón para que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) decidieran excluirse del beneficio que pueden obtener aquellos funcionarios que, luego de culminar sus prestaciones laborales en la entidad por más de diez años, reciban una bonificación.
Los magistrados del TE Erasmo Pinilla (1996-2016) y Eduardo Valdés Escoffery (1990-2025) lograrían un beneficio que supera los $80 mil y $100 mil, respectivamente, al final de su mandato.
A juicio del excandidato presidencial Juan Jované, la exclusión de los magistrados se produce por la presión de la ciudadanía.
“Realmente si no se da la presión ciudadana, no se da la exclusión; es evidente que aquí existen estos funcionarios que si no se les descubre lo que están haciendo, se dan todos los beneficios posibles, y cuando los descubren, simplemente tratan de tapar el asunto”, manifestó Jované.
“La especie de derroche que hay en las instituciones públicas es tan grande, a pesar de que Panamá es un país con pobreza. Es importante que el TE tenga autonomía en los aspectos electorales, pero también un control de gastos públicos”.
Por su parte, el dirigente perredista Rolando Mirones planteó que la presión ciudadana está haciendo su efecto, porque “no puede ser que existan privilegios para ciertas personas, y menos si son funcionarios que deben servir al interés público; es positivo que la presión ciudadana dé frutos”.
Indicó que es importante que los funcionarios empiecen a tomar acciones por cuenta propia y no por presiones de la opinión pública porque, a pesar de las acusaciones de nepotismo, que son viejas, el magistrado Pinilla mantuvo esta práctica de corrupción.
Sanciones severas
“Los funcionarios deben tomar conciencia de que cualquier beneficio no merecido debe ser despojado, y no esperar que haya una denuncia; el sistema debe prepararse para aplicar sanciones severas. Aquí ya debemos empezar a tomar medidas ejemplares”, opinó.
Según el abogado Ernesto Cedeño, aunque la propia ciudadanía es la que ha objetado el caso en las redes sociales, los políticos lo avalan al asistir a las reuniones que convoca el TE para las reformas electorales.
“A todas las reuniones van, y si no fueran en señal de protesta, se autorregularían, pero como les dan un espaldarazo, ellos -los magistrados- hacen lo que quieren en el Tribunal”, agregó.
Cedeño sostiene que “si no se hubieran denunciado los casos de nepotismo, los magistrados “seguirían con toda la parentela y se hubieran jubilado con todo el dinero”, añade que al reaccionar la ciudadanía se hizo el ajuste e incorporó el tema del nepotismo en su Código de Ética.
Sin embargo, no podrían quedar allí las denuncias contra los magistrados, pues a juicio de los dirigentes ciudadanos, existen otras arbitrariedades a las cuales debe ponerse un alto en esa autoridad electoral.
Anteriormente, un grupo de manifestantes protestó en las inmediaciones del Tribunal Electoral para exigir la renuncia del magistrado Erasmo Pinilla, por las acusaciones de nepotismo que se le han formulado.
Retoman denuncias contra fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza
El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, insistió con el impulso del proceso instruido contra el fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, y presentó ante el Ministerio Público, otras pruebas en contra del funcionario.
Esto se basa en que la fiscalía no participó ni colaboró en 24 demandas de nulidad de elecciones y proclamaciones a diputados. Tampoco en las pruebas y diligencias, tanto exhibitorias como judiciales, realizadas en juntas comunales y otras entidades.
Además de las pruebas aducidas, se solicita a la procuradora Kenia Porcell que ordene la suspensión del cargo a Peñaloza como medida cautelar personal, a fin de evitar la elusión de la acción de la justicia y no entorpecer la actividad probatoria en el sumario”.
Contra Peñaloza hay dos denuncias presentadas por el dirigente del oficialista Partido Popular (PP) Carlos Rubio; y la otra, interpuesta por la junta directiva del CNA.
