Para que exista seguridad jurídica en el país la Asamblea Legislativa debe cesar la aprobación de leyes "clientelistas" que benefician a determinados sectores y el Organo Ejecutivo debe respetar los derechos adquiridos con apego a la ley, declaró el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Carlos Ernesto González Ramírez.
El empresario también solicitó al Organo Judicial que sea coherente en las decisiones que adopta, que algunas veces se contradicen con la intención de favorecer a grupos específicos, "lo que afecta el desarrollo de la economía en su conjunto".
La declaración del presidente de la APEDE se dieron durante el desarrollo del II Foro de Seguridad Jurídica, realizado ayer con la participación de representantes de los diversos órganos del Estado y de expositores internacionales.
Expresó que la inseguridad jurídica que se vive en muchas de las esferas del desempeño económico podría ser una de las causas de la reducción del grado de inversión en el país.
Por ello, pidió al Gobierno que cumpla con las disposiciones que garanticen que los procesos de desempeño económico sean justos y apegados a las normas establecidas y que no se genere incertidumbre a los inversionistas.
El planteamiento de González Ramírez contradice ampliamente lo expuesto por Rubén Arosemena, Adán Arnulfo Arjona y Joaquín Jácome, representantes de los órganos Legislativo, Judicial y Ejecutivo, respectivamente, quienes plantearon los avances de sus instancias para garantizar la seguridad jurídica en el país.
Por su parte, la ex directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Victoria Figge, coincidió en que existe la percepción de que algunos sectores, personas y grupos tratan de lograr ventajas económicas, para lo cual solicitan el incumplimiento de lineamientos jurídicos establecidos.
A juicio de la también ex directora de la Zona Libre de Colón, esto merma las posibilidades de atraer nuevas inversiones, debido al clima de inseguridad que se establece.
Figge comentó sobre la confrontación entre dos compañías del sector telefónico donde se ha argumentado, por una de las partes, un clima de inseguridad jurídica. Agregó que ello ha trastocado el sistema jurídico al colocar a otra empresa ajena al problema en la disyuntiva de tener que ejecutar dos fallos legales contradictorios.
En este caso, recomendó que se haga cumplir a las partes involucradas los acuerdos que se adoptaron desde el momento en que se otorgó la concesión del servicio telefónico. "Lo que se derive de este caso será observado por aquéllos que desean invertir en el país, tanto nacionales como internacionales", dijo Figge.
