El Colegio Nacional de Abogados (CNA) se sumó a las fuertes críticas que ha recibido el Segundo Tribunal Superior de Justicia por declarar la nulidad del proceso seguido a por lo menos 22 implicados en las operaciones "Buenaventura" y "Esteros", relacionadas con la incautación de 375 kilos de cocaína y 42 armas AK-47.
En noviembre de 2004, el Segundo Tribunal, bajo ponencia del magistrado Andrés Almendral, declaró nulo el proceso alegando que en la operación no se cumplió con el Tratado de Asistencia Legal Mutua.
Para el presidente del CNA, Carlos Vázquez, y el fiscal de Drogas, Patricio Candanedo, este fallo "cercena" la labor de la justicia panameña, pues las autoridades de Colombia y Estados Unidos sólo les comunicaron el desarrollo de la actividad ilícita, pero no pidieron asistencia legal.
Según Vázquez, este fallo se suma a la cuestionada eficacia de la Corte Suprema de Justicia.
"No es posible que la justicia penal sea afectada argumentando el incumplimiento de formalidades y lo que crea es una mala imagen del país", dijo Vásquez.
Esto indica que los delitos que son perseguidos por la humanidad, simplemente en Panamá, no tienen resultados favorables y crea una seria amenaza para la credibilidad del sistema de justicia, dijo Vázquez.
Ayer el fiscal de Drogas explicó ante la Junta Directiva del CNA todos los hechos que llevaron a la liberación de bienes y vinculados con la actuación de los magistrados.
Candanedo interpuso en diciembre de 2004 un amparo de garantías constitucionales y una queja disciplinaria contra los magistrados firmantes del fallo.
Consideró que este tipo de fallos afecta el esfuerzo contra el crimen organizado, y que se mediatiza y afecta la labor de la Fiscalía de Drogas, donde se tiró al traste una operación de tres países.
En la operación "Esteros" el 6 de noviembre de 2002 la Policía Nacional incautó en Chepo unos 375 kilos de cocaína, dos días después se incauta 42 fusiles AK-47.
El 12 de noviembre del mismo año, la Policía Técnica Judicial (PTJ) mediante la operación "Buenaventura" detectó 1.3 millones de balboas en una aeronave de matrícula estadounidense.
Posteriormente, la Fiscalía de Drogas logró establecer la relación entre los dos grupos y que se trataba de un intercambio de armas por cocaína.
Según los informes, el millón y medio de dólares era utilizado para movilizar la droga que procedía de Colombia, pasaba por Panamá y México, para ser distribuida en Estados Unidos.
Los extranjeros implicados ya salieron del país.
El movimiento de la droga se realizaba vía terrestre y marítima. Varias lanchas rápidas, dos residencias y locales comerciales fueron cauteladas. Todos estos bienes fueron liberados.
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