Una denuncia por calumnia e injuria contra el candidato presidencial Ricardo Martinelli fue formalizada ayer por el abogado Guillermo Cochez, quien exige el pago de B/.10 millones como reparación por el daño moral ocasionado a su persona, a raíz de unas declaraciones hechas por el político en donde lo acusa de haber incurrido en hechos delictivos.
Cochez, acudió en la mañana de ayer al Ministerio Público y presentó la denuncia contra Martinelli, bajo el argumento que éste, a través de la abogada Alma Cortez, ha organizado una campaña de prensa en donde se desprestigia su persona.
El jurista alegó que no presentará una acusación contra Cortez por el hecho de tratarse de una dama, pero acusó judicialmente a Martinelli por ser la persona que se encuentra tras la campaña de prensa iniciada el pasado fin de semana.
Según Cochez la campaña en su contra obedece a la denuncia electoral presentada contra directivos del Partido Cambio Democrático (CD) en el año 2,002, por el cobro cuotas en el Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
Añadió que a raíz de esta denuncia, el fiscal electoral Gerardo Solís formuló un llamamiento a juicio contra varios directivos del CD, con excepción de su tesorero Ramón Martinelli, quien se encuentra protegido por la inmunidad que le otorga el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).
De acuerdo con Cochez, el Ministerio Público deberá obtener copia del video del último debate presidencial, en donde Martinelli se refirió a su persona de manera denigrante y en menoscabo de su integridad moral.
Sostuvo que con esta prueba quedará acreditado en el expediente la calumnia pública hecha por Martinelli. También detalló que luego de establecer su responsabilidad penal, acudirá a la esfera civil para lograr la indemnización correspondiente.
Una serie de publicaciones aparecidas durante el pasado fin de semana, asocian a Cochez con una serie de actividades irregulares y su vinculación a posibles hechos delictivos.
Según Zúñiga, hay una relación vinculante entre la Dra. Lawson con RESERMA, S.A., única que se presentó a los actos públicos del 29 y 30 de enero. Explicó que Lawson es presidenta de la sociedad Diagnóstico por Imágenes San Miguel Arcángel, S.A. que aparece en el Registro Público con la ficha: 350275 y cuyo agente residente es Sánjur y Asociados, abogados de la empresa RESERMA, S.A. inscrita en la ficha: 37164. Igualmente mencionó al doctor Daniel Infante que también es miembro de la comisión técnica y secretario de Diagnóstico por Imágenes San Miguel Arcángel, S.A.
El Panamá América quiso conocer la posición de la doctora Damaris Lawson, pero ésta nos señaló que por recomendación de sus abogados prefería, en conjunto con los otros miembros de la comisión técnica de la Junta Directiva, dar un pronunciamiento oficial esta semana.
Pero Zúñiga va más allá y sostiene que Rodrigo Esquivel contraviene las decisiones que toma Rolando Villalaz. Según dijo, a inicios de febrero de este año Villalaz le envía una nota en la que le pide que la comisión que él nombró consulte a los especialistas de las unidades ejecutoras en donde se instalarán los nuevos equipos. Seis días después, Esquivel le escribe al Dr. Enrique Fernández, director institucional de la provincia de Chiriquí en la que desconoce la nota enviada por Villalaz y se refiere a la gira de los miembros de la comisión, igualmente le remite una nota de queja que presenta RESERMA, S.A.
Por lo que Zúñiga asume que Esquivel obedece también a órdenes de RESERMA, S.A. y no del director general de la CSS.
Juan Jované, ex director de la institución, destacó que en sus descargos le advirtió a la mandataria que el problema en la compra de los tomógrafos no era sólo administrativo. Según dijo no se puede demostrar que existan intereses de los médicos de favorecer a algunas empresas, pero sí existe una percepción de que "algo anda mal".
Manifestó que no cree que el problema esté en que no se quiera comprar equipos para seguir gastando en hospitales privados, sino que la pelea está entre los que quieren vender los aparatos, algo que dijo, también es difícil de probar.
Se interrogó ¿qué médico no trabaja en una clínica?, aunque esto plantea un problema objetivo del sistema, cómo evitar que un médico especialista no trabaje en otro lugar, a menos que se establezca el médico de "dedicación exclusiva", dijo.
Los miembros de la comisión ad-hoc nombrada por Mauro Zúñiga son los mismos que hicieron las especificaciones anteriores con las que nunca permitieron licitar los equipos, sostuvo Nelson Gómez, presidente de RESERMA, S.A.
Consideró que en la licitación de enero los pliegos de cargos y las especificaciones elaboradas por la comisión especial y técnica de la Junta Directiva permitían que todas las empresas proveedoras pudieran participar. Le llamó mucho la atención que sólo él presentara una propuesta y sentenció que la no participación de las otras empresas se debió a que no podían cumplir con la documentación que se les exigía.
Como por ejemplo, eliminar el requisito de presentar referencias que reflejen el capital manejado de siete cifras, es decir, B/. 1,000.000; así como una carta de crédito irrevocable para evitar el costo y riesgo financiero.
El Panamá América contactó a los representantes de las empresas Médica Internacional y Electrónica Médica, S.A.. Promed, S.S. decidió desde mucho antes no participar en la licitación.
La respuesta de los representantes era que se les enviara un cuestionario escrito, que se hizo. La única empresa que respondió fue Electrónica Médica, S.A.
Demetrio Pinzón, gerente de Operaciones de Electrónica Médica, S.A. destacó que la razón de la demora en el proceso de licitación es un aspecto que compete únicamente a la administración de la CSS, por lo que desconocía si existía algún interés interno de no permitir la compra de los equipos.
No obstante, dijo que sí existe un interés de favorecer a un proponente en particular en perjuicio de los demás, y sobre todo, en perjuicio de las finanzas de la institución y de la transparencia de los actos que ésta lleva a cabo.
Según explicó, el hecho de no participar en el llamado a licitación de enero se debió a que se han incorporado requisitos que la ley no exige, como lo son: que el proveedor cuente con referencias bancarias.
Por otro lado, señaló que la exigencia de una carta de crédito, que aún mantienen en pie, se debe a que existen precedentes en la CSS, de compras que se han pagado a través de este sistema, las cuales han sido muy exitosas.
En su respuesta, señaló que a través de la participación de personal idóneo, honesto y bien intencionado de la CSS e igualdad de oportunidades para los proponentes se podría llegar rápido a una solución del problema.
La oposición más grande que se ha dado a lo interno de la CSS es que los médicos y el propio Mauro Zúñiga han denunciado que la Junta Directiva violó la Ley Orgánica al nombrar una comisión ajena a la institución y los dejó a ellos por fuera.
Según dijo, quien tiene que escoger la comisión técnica para la elaboración de especificaciones de un pliego de cargos es el Director General y el Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas y no la Junta Directiva de la CSS.
Zúñiga destacó que antes de llegar a ese despacho existían problemas e intereses. Según dijo a él le interesa la situación cuando llega a la CSS y lo que está pasando. En ese momento se encontró con la participación de la Junta Directiva por encima de la Ley.
Según explicó el artículo 17 de la Ley Orgánica, sólo le da a la Junta Directiva, funciones de vigilancia.
El Panamá América conversó con el ministro de Salud, Fernando Gracia, quien además es miembro de la Junta Directiva, el cual destacó que este es un proceso administrativo de la Caja de Seguro Social y no de la Junta Directiva.
Explicó que la ley faculta a la Junta Directiva de ser vigilante de los procesos administrativos sin tener capacidad de decisión; de allí que se haya sugerido y conformado una comisión externa dentro de la CSS integrada por técnicos de alto nivel del Instituto Oncológico y el Hospital Santo Tomás para vigilar que las cosas se hicieran correctamente.
Ayer en la publicación titulada "Escándalo de tomógrafos desata crisis en la CSS", por un error de levantado de texto se resaltó que Publio Cortés envió una carta a Juan Jované dándole a conocer el informe de Emergency Care Research Institute (ECRI), en el que esta organización señalaba que las características técnicas de los pliegos para la licitación de un cinefluoroangiógrafo favorecían a las distribuidoras de General Electric y Phillips.
El actual viceministro de Economía y Finanzas, Publio Cortés hizo saber que el informe que elaboró ECRI para el MEF, y que tiene fecha de 31 de octubre de 2002, señala en uno de sus puntos que "especificaciones como la 3.1, 5.2 y 6.1 establecen exigencias de factores no relacionados con la función clínica del equipo. Si se exige que el equipo cumpla con esas especificaciones, se eliminan fabricantes importantes tales como General Electric y Phillips".
Por otro lado, señaló Cortés que en otro de los puntos que ECRI menciona a marcas específicas, es cuando hace referencia de la sección 6.1 en la que se requiere un mínimo para la tabla de elevación del paciente de 80 cm. o menos. El informe dice que con esto se excluye a la mayoría de los sistemas de General Electric, que tienen una tabla mínima de elevación del paciente de 85 cm y sugería que por ser una diferencia mínima el requisito sea cambiado a 95 cm.
Según Cortés, el informe también señalaba una serie de cuestinamientos que pusieron en duda la posibilidad de una competencia libre en el acto público, por lo que él procedió a pedir el cese del proceso de licitación del cinefluoroangiógrafo.
