Este miércoles el embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Cochez realizó una intervención durante la audiencia "situación de la administración de justicia en Panamá" explicando la situación que hoy día se vive en Panamá en cuanto al sistema de justicia.
Durante su intervención Cochez señaló que en los últimos años la justicia panameña ha sido muy cuestionada a todos los niveles, siendo éste tema preocupante para la presente administración del Estado.
El discurso del Embajador ante la OEA es el siguiente:
Quisiera comenzar reafirmando varios puntos que deben quedar muy claros a todos los presentes:
1.El Estado panameño confía plenamente en la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La apoyamos y por ello tomamos esta oportunidad como una que nos permite discutir tanto los avances como los desafíos y retos de la administración de justicia en Panamá. Panamá no es un Estado perfecto, ni nada que se le parezca. Por eso la importancia de este tipo de foros que procuran alertar a los Estados para emprender cambios y mejoras en función de los derechos de sus ciudadanos.
2.Por otro lado, la eficacia de la administración de Justicia es uno de los asuntos que más preocupan a la presente administración del Estado. Somos conscientes que en los últimos años la justicia ha sido muy cuestionada a todos sus niveles, tal como lo han señalado los representantes de la sociedad civil, quienes en sus cuestionamientos quizás se han quedado cortos. Ellos son testigos de que la línea de conducta de este servidor ha coincidido en muchas ocasiones con lo que ellos están planteando hoy. Esto es un reflejo de la opinión mayoritaria de los panameños en función de que la Justicia no ha sido lo suficientemente efectiva, especialmente cuando se trata de asuntos relativos a las esferas de poder político y privado del país.
3.La mayoría de los señalamientos planteados hoy aquí corresponden a situaciones de arrastre, generadas años atrás y que la nueva Administración que conduce el Estado panameño está comprometida en solucionar, en conjunto con la sociedad civil organizada. Como bien dijo el nuevo Presidente del Uruguay, si bien el Estado es quien tiene la mayoría de las tuercas, de nada le servirían si no sabe embonar con los tornillos de la sociedad, el amarre necesario para que se pueda funcionar adecuadamente. Existen sobradas evidencias de buena voluntad e interés que las cosas se hagan bien y se corrija lo que hay que corregir. El presente gobierno sólo ha estado ejerciendo la batuta del Estado por escasos ocho meses y medio.
El asunto que nos convoca aquí hoy no es nuevo. Vivimos en un país que ni siquiera ha podido a dilucidar el magnicidio de su Presidente José Antonio Remón Cantera ocurrido hace 55 años, así como muchos de los crímenes y desmanes ocurridos durante los 21 años de la dictadura, donde uno de ellos fue precisamente la salvaje golpiza propinada al doctor Bernal, quien con todo derecho protestaba por la indeseada presencia en Panamá del Shah de Irán.
Quienes comenzamos a administrar el Estado en Julio pasado lo sabemos bien. Hoy existen muchos problemas, a todos los niveles, sobretodo en lo que llamamos una justicia selectiva que fundamentalmente se aplica -de acuerdo a la jerga popular- a los hijos de la cocinera, nunca a los poderosos; nunca a los allegados a las mieles del poder. Problemas que no será fácil solucionar en tan corto plazo pero que el Estado está empeñado en atender y superar. No más hace dos meses hasta un pariente cercano del primer mandatario fue arrestado en México y la ciudadanía no ha visto gesto alguno que se haya hecho para protegerlo más allá de la protección consular a lo que todo panameño tiene derecho, auxiliando nuestras autoridades a lo que las mexicanas le han requerido.
Hablar de la Administración de Justicia implica abordar necesariamente varios aspectos estrechamente relacionados entre sí: Justicia, Ética e Integridad; valores fundamentales en toda sociedad, por un lado, y por el otro, buenos recursos humanos y financieros, infraestructura, tecnología, productividad y eficiencia por el otro.
En este contexto, el Órgano Judicial tiene una gran responsabilidad en la sociedad: resolver conflictos. Al ejercer esa misión su actuación no sólo tiene una base jurídica, sino también una axiológica. Los fallos de los tribunales no sólo deben ser fundados en derecho, sino que deben ser justos e imparciales, fallos jurídicos y moralmente incuestionables.
Para el Estado panameño fortalecer la justicia, es consolidar un Órgano Judicial independiente que reconozca los derechos fundamentales y legales de la ciudadanía, que por medio de sus fallos garanticen la estabilidad económica, la seguridad jurídica, la inversión nacional y extranjera, el fortalecimiento de las instituciones, la protección de los derechos y los altos intereses del Estado. El Órgano Judicial debe contribuir a través de sus fallos a construir el Estado de derecho, a establecer reglas procesales claras y fallos no contradictorios.
El Estado es conciente que para consolidar y fortalecer el Órgano Judicial el mismo debe contar con un presupuesto adecuado que le permita contar con la estructura, facilidades, recursos y un personal preparado y competente que cumpla a cabalmente con el reto de administrar justicia, se requiere además que las legislaciones vayan actualizándose con los tiempos, que se incrementen los tribunales y jueces, que exista una tecnología informática que permita agilizar los procesos y eviten que la justicia sea inoperante, así como la participación de la sociedad en políticas y programas judiciales a largo plazo; administrar justicia con equidad en donde la única vía para la solución de conflictos no sea la procesal sino que existan centros de mediación y conciliación.
El proceso de modernización y fortalecimiento de la Administración de Justicia panameña es un compromiso arduo y requiere de un trabajo en conjunto entre los Órganos del Estado y otros estamentos sociales, en este sentido el Estado Panameño se ha planteado objetivos para alcanzar niveles óptimos de aplicación y ejecución de la justicia, entre ellos:
Métodos alternativos de justicia
El acceso a la Justicia
El Desarrollo Tecnológico
La transformación del Sistema institucional de Gestión de Recursos Humanos
La reforma Estructural y Legal del Sistema de Justicia
La Rendición de Cuentas y Transparencia
La efectividad de la Gestión Administrativa
Otros aspectos relevantes son:
El proyecto de Ley 21 de 2009, QUE CREA LA JURISDICCIÓN ESPECIAL DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, PARA PREVENIR, DETECTAR Y SANCIONAR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN EL ÓRGANO JUDICIAL. En atención a la obligación que tiene el Órgano Judicial en prevenir, conocer, investigar y sancionar los actos que atenten contra el ejercicio íntegro y transparente de la función judicial, se propone la creación de una nueva jurisdicción a cargo de un tribunal especial, que tendrá competencia en el ámbito nacional para aplicar sanciones a los funcionarios del área jurisdiccional y administrativa del Órgano Judicial que incurran en violación a las normas éticas, faltas disciplinarias, deberes, responsabilidades y prohibiciones que actualmente están contenidas en el Código Judicial y en los reglamentos aprobados.
En cuanto a la investigación de casos de corrupción, la Procuraduría General de la Nación mantiene un plan de capacitación continua para fiscales y equipo auxiliar en técnicas de investigación en casos de corrupción. Panamá es de los pocos países que tiene en funcionamiento una Fiscalía contra el Crimen Organizado. Recientemente se ha puesto en funcionamiento una nueva Fiscalía Anticorrupción y los casos son investigados en derecho.
Avances en la implementación del Pacto Ético por la Justicia:
i.Acceso a la Justicia- Jurisdicción de Paz: Este proyecto propone implementar una justicia de paz en todos los corregimientos del país.
ii.Métodos Alternos de Solución de Conflictos – Centros de Medicación Comunitaria: 296 líderes comunales fueron capacitados como mediadores comunitarios a nivel nacional.
iii.Mediación Judicial: El Órgano Judicial puso en marcha Centros de Mediación en varias provincias del país.
iv.Defensa Pública: Se contrataron nuevos Defensores de Oficio Municipales contratados para Colón, Panamá Este, Panamá Oeste, Veraguas y Darién.
v.Grupos Vulnerables: En el marco del Proyecto de la Comunidad Europea, el Órgano Judicial realizó una consultoría para incorporar la justicia tradicional de los pueblos indígenas a la justicia ordinaria, el cual implica una primera etapa de consulta y divulgación de los grupos indígenas panameños.
vi.Ampliación a dos provincias adicionales, adicionales a Veraguas y Herrera, del Plan que se trabaja con la Organización de Estados Americanos, denominado “Facilitadores Judiciales” para lograr acceso a la justicia a las comunidades alejadas de las ciudades, y que no cuentan con ningún estamento de la justicia formal que conocemos.
vii.Otros de los mecanismos exitosos para la defensa de los derechos humanos son las misiones electorales de la OEA que garantizan uno de los más fundamentales derechos humanos: el elegir y poder ser elegido. Con el apoyo de la OEA el Tribunal Electoral de Panamá está apunto de certificar sus actividades bajo las normas de calidad mundial ISO.
2.En relación con la supuesta "VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE NO DISCRIMACIÓN CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS":
El Órgano Judicial cuenta, a la fecha, con 282 administradores de justicia, de los cuales 142 son hombres y 140 mujeres. Lo anterior indica un 49.6% de representatividad femenina en los entes de decisión judicial. Esta representatividad se desglosa así: 21 Magistradas de Tribunales Superiores; 61 juezas de circuito y 58 juezas municipales. Existen más Magistradas de Tribunales Superiores y Juezas Municipales, que varones en esos cargos. En la jurisdicción de familia y en la instancia municipal es en las que más mujeres ocupan cargos de operadoras judiciales. La Secretaría General y la Administrativa, están regentadas hoy por mujeres. El Órgano Judicial ha tenido 3 Presidentas de la Corte Suprema de Justicia y 1 Vicepresidenta. En la actualidad 3 de los suplentes de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, son mujeres.
En este sentido, lo que vemos en nuestras universidades en términos de preparación de nuevos abogados, nos indica que estas proporciones cambiarán muy pronto porque es evidente que cada día más mujeres que varones estudian la carrera de abogado.
3.EN RELACION A LA MÁS RECIENTE SELECCIÓN DE DOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:
De conformidad con lo establecido en el Artículo 70 del Código Judicial, la Corte Suprema de Justicia se compone de nueve Magistrados elegidos conforme lo dispone el Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Panamá. El Presidente de la República acuerda, en Consejo de Gabinete, los nombramientos de los Magistrados de la CSJ y lo somete a la aprobación de la Asamblea Nacional.
El Artículo 203 de la Constitución Política de la República de Panamá, en concordancia con el Artículo 71 del Código Judicial, establece que los nombramientos de cada magistrado son por un período de diez años, la falta absoluta de un Magistrado será cubierta con un nuevo nombramiento por el resto del período; cada magistrado tendrá un suplente nombrado por igual período en igual forma que el principal, quien lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas mientras se llenan las vacantes.
Los requisitos para ser Magistrado de la CSJ están detallados en el Artículo 204 de la Constitución Política de la República de Panamá. Los Artículos 203 al 208 señalan las limitaciones para quienes aspiren a dicho cargo.
El sistema, más que considerarlo imperfecto, no facilita el camino para que las mejores mentes jurídicas del país y los académicos más dedicados se les ocurra siquiera someterse al sistema de listas de aspirantes que existe actualmente, y que no esta contemplado en ley alguna.
En estos momentos, diversos sectores de la sociedad plantean que se deben buscar mecanismos para asegurar que los mejores sean los escogidos para ocupar una posición dentro de la Corte Suprema de Justicia. Es ése –el tema de la escogencia de los Magistrados- precisamente, el tema que más se menciona entre aquellos que consideran se deben hacer cambios a la obsoleta Constitución de 1972, aprobada en plena dictadura militar, remendada con varios cambios constitucionales parciales posteriores. Voceros del mismo gobierno avalan el clamor de que se hacen necesarios esos cambios constitucionales, para ajustar a nuestra Carta Magna a las realidades del Siglo XXI.
4.LA AGENDA PENDIENTE DE LA REFORMA JUDICIAL:
NUEVO CÓDIGO PENAL Y PROCESAL PENAL: Mediante la Ley 14 de 18 de mayo de 2007 se aprobó el nuevo Código Penal, el cual entró a regir a partir del mes de mayo del 2008. Mediante la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 se aprobó el Nuevo Código Procesal Penal que implementa el sistema penal acusatorio, por diversas razones dicha ley fue suspendida por la ley 48 de 2009, pero ya se trabaja en su vuelta en puesta en práctica. Mediante Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se instituyó la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio, que hoy recibe el apoyo del Ejecutivo.
ESTADO DE SITUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO EN EL MINISTERIO PÚBLICO
1.1Avances de la implementación
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Resolución No. 02 de 7 de enero de 2009, constituyó la Comisión de Implementación del Sistema Acusatorio en el Ministerio Público y creó la Subcomisión de Implementación del Sistema Acusatorio para el Ministerio Público en el Segundo Distrito Judicial de Panamá. 1
La Comisión de Implementación del Sistema Acusatorio para el Ministerio Público, está presidida por el Procurador General de la Nación, coordinada por el Secretario General, y conformada por Fiscales con competencia a nivel nacional, fiscales superiores de cada distrito judicial y por personal jurídico y administrativo.
Mediante el Acuerdo No. 731 de 28 de agosto de 2008, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia constituyó la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la Implementación del Sistema Acusatorio, cuya función primordial es garantizar que el Sistema Acusatorio sea puesto en marcha en toda la República de Panamá.
Posteriormente se dictó el Acuerdo No. 949 de 21 de noviembre de 2008, por el que se creó la Unidad de Implementación del Sistema Acusatorio (UISA) “como ente del Órgano Judicial encargado de elaborar propuesta para el diseño del plan de implementación del sistema acusatorio y gerenciar a tiempo completo su adecuada ejecución”.
5.LAS DURAS CRÍTICAS A LA SOCIEDAD CIVIL COMO AMENAZA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:
El Estado panameño está comprometido con la libertad de expresión e información y por eso rechaza cualquier sugerencia de amenazas a la sociedad civil. Entendemos que en el calor de un debate tan importante como este las partes se expresen en términos no adecuados. Diríamos que ello se podría considerar normal.
Sin embargo, el debate que el Estado panameño quiere promover es una basado en el respeto y libre exposición de las ideas. Allí radica la fuerza de la democracia, aunque algunos piensen que la crítica es negativa y que hace daño a un gobierno determinado. El Presidente Oscar Arias Sánchez, en su comentado discurso de la Cumbre de Río el pasado 23 de febrero señaló que una democracia es función del gobernante estimular la existencia de una oposición en caso de que ésta no existiera.
Señores y Señoras comisionados, amigos todos:
Quiero antes de finalizar reiterar con firmeza el compromiso del Estado panameño en promover una administración de justicia digna de nuestro país. Lo digo de nuevo: no es esta una tarea fácil. Es compleja, y requiere del concurso de todos los sectores de la vida nacional. Por ello, tomamos nota atenta a lo planteado hoy aquí de cara a las importantes decisiones de futuro que se avecinan para nuestro país en materia de Justicia.
Muchas gracias.
